Las telefónicas deberán devolver $ 300 millones

Guillermo Moreno

El gobierno intimará a las empresas de telecomunicaciones a reintegrar a los clientes los montos facturados en concepto de «servicio universal» desde noviembre de 2000, que, se presume, suman $ 300 millones. La Resolución 99 de la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Guillermo Moreno, dispuso que la Comisión Nacional de Comunicaciones intime a las empresas a devolver el dinero a los usuarios.

El monto fue recaudado por las telefónicas ateniéndose a lo establecido en el Decreto 764 de setiembre de 2000 con el cual el gobierno de la Alianza reglamentó la desregulación telefónica y el ingreso de nuevos operadores al mercado.

• Aporte

Con el criterio de que éstos iban a instalarse en las zonas de mayor rentabilidad, el Decreto 764 estableció que todas las compañías que prestaran servicios de telecomunicaciones debían aportar 1% de su facturación para solventar inversiones en los segmentos del mercado que dan pérdida, como la telefonía rural, grupos de clientes sin capacidad de pago, y servicio específicos, como la prestación de Internet en las escuelas.

Según las empresas, ese 1% debía ser afrontado por los clientes; por eso, lo facturan desde noviembre de 2000. Las compañías con tarifa regulada, Telefónica y Telecom, lo discriminaron en sus facturas. Las que aplican precios libres, como las de telefonía celular, en algunos casos, lo incorporaron a sus costos y, en otros, lo incluyeron en forma separada.

Sin embargo, luego de dictado el decreto, ni el gobierno de Fernando de la Rúa ni los posteriores reglamentaron el fondo fiduciario que debía constituirse para realizar inversiones según el régimen de servicio universal, por lo cual las empresas no transfirieron los fondos recaudados.

Por otra parte, en una posición opuesta a la de las empresas, el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, interpretó que el servicio universal debe ser solventado por las empresas de telecomunicaciones, y destacó que el Decreto 764 estableció que «los prestadores tendrán una obligación de aporte de inversión equivalente a 1% de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios, netos de impuestos y tasas que los graven».

• Obligación

Tomando ese criterio como antecedente, la Secretaría de Comunicaciones indicó que el régimen de servicio universal «es una obligación de aporte de inversión de los prestadores y, en tal carácter, no puede ser discriminado en las facturas que los prestadores emiten ni cobrado a los clientes».

Según una estimación privada, si las empresas de telefonía celular facturaron en los últimos cuatro años 16.000 millones de pesos, el monto de lo cobrado a los clientes sería de 160 millones de pesos. De todas formas, si esto fue incorporado a costos, será muy difícil de comprobar el cobro y lograr la devolución.

Tanto los funcionarios oficiales como voceros empresarios admiten que será muy difícil implementar la devolución a los clientes, sobre todo considerando que en el medio está la crisis de 2001, cuando muchos usuarios dejaron de pagar y perdieron sus líneas fijas y móviles para empezar a recuperarlas desde fines de 2002. La situación es, además, prácticamente imposible para los usuarios de telefonía móvil que utilizan tarjetas prepagas (sin abono mensual).