Legisladores de la oposición al macrismo alentaron ayer a empleados públicos a presentar amparos judiciales para reclamar por la disposición que deja cesantes a las mayores de 60 años y a los mayores de 65, que tienen contratos y no pertenecen a la planta permanente de la administración.
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La medida podría ser la antesala de juicios al Estado promovidos desde las bancas legislativas pagados con dinero público en un hecho más que sorprendente, tratándose de los representantes de los vecinos porteños. Esos juicios, de prosperar, serán pagados también con dinero público, sacado de los impuestos.
El gobierno macrista decidió terminar con los contratos de locación de servicios de las personas que están en edad de jubilarse y que tienen con la Ciudad un contrato de empleo público con fecha de inicio y término. Se trata de un grupo de 500 personas dentro de las cuales, según fuentes del Gobierno de la Ciudad, «hay más de cien que tienen entre 65 y 87 años, hay gente que no pagó los años de jubilación, pero no es posible ni justo que los vecinos de la Ciudad les paguen esos aportes ahora».
Sin embargo, la medida no cayó bien tampoco en el bloque de diputados PRO, pero de todos modos la bancada impedirá hoy que llegue al recinto un proyecto de ley del kirchnerismo que propone pasar a todo el plantel que se encuentra bajo la modalidad de empleo público que generó los decretos 948 y 959. En ese caso, el proyecto abarca a más de 18 mil empleados en esa situación.
Consejos
El kirchnerismo convocó ayer a una reunión en la Legislatura porteña de la que participaron más de un centenar de afectados por la rescisión de los contratos. Allí les aconsejaron presentaciones individuales o grupales ante la Justicia y anticiparon que hoy, durante la sesión ordinaria de la Legislatura, intentarán imponer sobre tablas un proyecto para darles estabilidad de empleo a todos los contratados porteños.
El encuentro fue convocado por la diputada porteña del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti y se sumaron los legisladores Aníbal Ibarra, Liliana Parada y Juan Cabandié, y la titular del INADI, María José Lubertino. A la vez, los empleados -muchos del área de Cultura y también de Desarrollo Social- fueron recibidospor el vicepresidente primero de la Legislatura, el macrista Diego Santilli. Ibarra dijo que «la medida impulsada por la gestión Macri-Michetti de echar trabajadores mayores de 60 años es un acto injustificado, arbitrario e inhumano. Macri desprecia lo público, desprecia al Estado y a sus trabajadores».
«Si Macri es coherente, debería pedirles la renuncia a las diputadas Dora Mouzo, Diana Martínez Barrios y al ex vicepresidente de la Legislatura Santiago de Estrada», reprochó la bancada ibarrista acerca de la edad de esos actuales funcionarios.
El Gobierno porteño, en tanto, avanzará con la decisión, que busca reducir el plantel de empleados contratados que tienen su origen en designaciones de las gestiones anteriores al macrismo.
Una medida similar ya impulsó el Gobierno de la Ciudad con los empleados de la planta permanente en edad de jubilarse, a quienes se comprometió mantener en actividad hasta tanto el trámite jubilatorio se completara. Pero, en el caso actual, de los 500 mayores sólo habría 100 en condiciones de iniciar o que ya avanzan con los pasos para cobrar un haber previsional.
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