Lo niegan pero buscan superpoderes para 2006

No insistirán en los superpoderes de la actual Ley de Presupuesto que le sancionó el Congreso a la gestión Kirchner pero sólo en el artículo 11 que permitía gastar en sueldos del sector público partidas que estaban destinadas, por ejemplo, a obras públicas. Este superpoder fue fundamental para poder conceder los excesos de aumentos de los empleados públicos, algo que vino bien en un año electoral. También lo usó para dar subsidios, como el de Southern Winds o los deficitarios trenes. Pero el gobierno insistirá en mantener varios artículos que le permiten modificar partidas y poder disponer de los excedentes de recaudación (que normalmente se subestima para disponer del plus). Con desistir del artículo 11 la prensa oficialista lanzó que no «habrá más superpoderes», algo que es falso por lo señalado. El duhaldismo, por otra parte, aclaró que no votará de nuevo tal cesión parlamentaria al Poder Ejecutivo.

Tiene que guardar aire político también el gobierno para conseguir la sanción de otro proyecto que necesita más que los famosos superpoderes:

Pero que no se repita en el proyecto de Presupuesto 2006 un artículo 11 como el que rigió este año no significa que el gobierno no quiera convalidar en ese proyecto otra delegaciónde facultades que le permita modificar partidas, reasignarlas o, lo que es más importante, disponer de los excedentes de recaudación por encima de lo proyectado en el cálculo presupuestario mediante una mera decisión administrativa del jefe de Gabinete. Esas facultades son, en realidad, las que más ha utilizado durante este año, y no los famosos superpoderes, como bien precisó

El famoso artículo 11 del Presupuesto 2005 establece: «Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley, sin sujeción a los artículos 37 de la Ley N° 24.156 y 15 de la Ley N° 25.917». En idioma corriente: lo faculta a disponer cambios en las partidas sin sujetarse a los límites de la Ley de Administración Financiera del Estado, ni a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Eso significa que el gobierno pudo durante este año ejecutar como gasto corriente partidas destinadas a gastos de capital, una disposición que se sancionó en 1993 como una vacuna por dos décadas anteriores en las que los gobiernos siempre terminaban pagando sueldos en medio de las crisis, apelando a cualquier fondo disponible, como obras o inversiones.

Pero, como explicó Fernández, no fue eso lo que más se utilizó, el gobierno no tuvo necesidad de hacerlo. Sí se utilizaron decenas de veces otros de los poderes especiales, como los que se incluyeron en el artículo 10, por ejemplo. Esas facultades sí volverán a estar plasmadas en el Presupuesto 2006.