Los economistas ortodoxos insisten en que no hay plan

Tras varios meses de silencio, los economistas ortodoxos volvieron ayer a reunirse en un seminario para discutir la coyuntura. El organizador fue la fundación FIEL, que convocó a una centena de invitados. Hubo una coincidencia: el gobierno de Néstor Kirchner no tiene plan económico, y, si lo tiene, es insuficiente para sostener el crecimiento. Compartieron ese diagnóstico, entre otros, Carlos Rodríguez, Daniel Artana, Martín Lagos, Luis Secco, Daniel Marx, Manuel Solanet y Abel Viglione. El más contundente fue el ex titular del Banco Central Pedro Pou, quien dijo que los primeros pasos de Kirchner «son anticapitalistas» y que por ahora no se toman decisiones importantes por temor a lo que pase en las elecciones en las provincias. Criticó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el Congreso porque «generan inseguridad jurídica» y dijo que la convertibilidad podría haberse mantenido de haber existido voluntad política. Aseguró que se debe reformular la banca pública porque «siempre financia a los amigos del poder», que no es beneficioso mantenerla abierta y que mientras se busca el consenso para terminar con las entidades públicas, éstas eviten captar depósitos y otorgar créditos.

El titular de ABA Mario Vicens, el chileno Juan Fontaine y el ex presidente del Banco Central Pedro Pou, reclamaron ayer rapidez en la reforma del sistema financiero.

Ayer cerca de 300 empresarios y economistas participaron del seminario organizado por FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) para conmemorar el 40° aniversario de su creación. Varios panelistas participaron del debate sobre «Argentina: crisis, instituciones y crecimiento». Entre ellos se destacaron Pedro Pou (ex titular del BCRA), Mario Vicens (Asociación de Bancos de la Argentina), Arnold Harberger (Universidad de California), Tomás Baliño (FMI) y Juan Luis Bour y Santiago Urbiztondo (FIEL), entre otros.

La expectativa se concentró, principalmente, en el primer módulo en el que participaba Pedro Pou, en su primera aparición pública desde que asumió el nuevo gobierno. Como se preveía, fue muy crítico: dijo sobre el plan económico del gobierno que «se basa en no hacer nada que implique costos políticos significativos».

El ex titular del Banco Central distribuyó, además, un trabajo titulado «La reconstrucción institucional: el sistema financiero, la política social y los servicios públicos», donde critica a la banca pública asegurando que «siempre tuvo un objetivo claro: financiar a los amigos del poder».

• Asistentes

Entre los presentes se encontraban Carlos Masjoan (ex Telecom), Carlos Rodríguez (CEMA), Martín Lagos, Manuel Sacerdote (BankBoston), Daniel Artana, Adolfo Sturzenegger, Nicolás Dujovne, Nicolás Gadano, Luis Secco, Manuel Solanet, Arnaldo Musich, Enrique Blasco Garma, Daniel Marx, Abel Viglione, entre otros.

Las afirmaciones principales de Pedro Pou y las que incluyó en su trabajo fueron las siguientes:
  
• La semana pasada, el Congreso anuló dos leyes sabiendo expresamente que estas medidas eran totalmente ineficaces para producir efecto legal alguno. Se crea un ambiente de que todo es posible. Es grave que se usen instrumentos para dar señales políticas. Es muy lamentable que no se haya tenido en cuenta que también se ha enviado una señal, muy negativa, con respecto a la seguridad jurídica, pues el Congreso ha tomado decisiones que sabe inválidas, como forma de dar señales políticas.
 
• Es necesario un programa económico. El actual no parece ser suficiente. Podemos decir que se basa, al menos en el corto plazo y hasta que concluyan las elecciones a gobernadores y legisladores nacionales, en no hacer nada que implique costos políticos significativos.
  
• El superávit primario actual es de entre 2,2 por ciento y 2,3 por ciento del PBI, pero está depurado de gastos debajo de la línea (no contabilizados) de 1 por ciento del PBI. No debe ser menor de 3,3 por ciento.

• Con la política tributaria actual volvimos a la política de la Colonia o de los '80. Se mantienen los impuestos distorsivos como base de los ingresos. Hay que comenzar a desmantelar el impuesto al cheque, que está destruyendo el sistema financiero, y eliminar las retenciones.
 
• La salida de la convertibilidad se dio por una total ausencia de orden político y jurídico. Mientras no haya seguridad jurídica no habrá reconstrucción del sistema financiero.
  
• Se requiere, además, estabilidad política. El tequila como crisis fue más profunda que la de 2001. Para cuando en el '95 los depósitos habían caído 19 por ciento, en 2001 sólo lo habían hecho 5 por ciento.
  
• La gestión del presidente Néstor Kirchner presenta dos problemas. El primero, la falta de un partido que lo apoye. Los elevados índices de aceptación que ha tenido en sus primeros tres meses de gestión no son significativamente distintos de los de otros presidentes durante ese período, pero la base política sobre la que deberá ejercer su mandato sí lo es. En segundo lugar, en los primeros tres meses de gestión, Kirchner no ha permitido conocer cuál será el programa económico de su gobierno. Sus primeras manifestaciones son más bien anticapitalistas.
 
• Debe haber independencia del Banco Central. El Ministerio de Economía tiene una visión muy particular de la independencia del Banco Central. Sostiene que la política monetaria es responsabilidad del Poder Ejecutivo en su definición, y del Central en su implementación o aplicación diaria. Hay una evidente contradicción entre lo que el Ministerio de Economía piensa y lo que expresa el texto legal.
  
• Luego de la devaluación hubo tres grandes pérdidas para el sistema financiero: la pesificación asimétrica (alrededor de $ 23.000 millones), la indexación asimétrica (entre $ 2.000 y 3.000 millones) y los amparos (casi $ 6.200 millones).
 
• Hoy el patrimonio neto de los bancos es de 23.400 millones de pesos, pero con títulos valuados a precios de mercado y sin compensación por amparos y el CVS es negativo en $ 33.000 millones.
  
• Siempre fue claro que la banca pública prestaba un servicio: financiar a los amigos del poder. Si éste no fuera un argumento suficiente para pensar en la conveniencia de eliminar esta banca, debiéramos tener en cuenta que durante la crisis de 2001 la banca pública fue utilizada para canalizar los recursos del Banco Central hacia el Tesoro Nacional y el de la provincia de Buenos Aires, usando como excusa que los bancos estaban perdiendo depósitos y violando indirectamente la prohibición.

• Es por eso que no me queda duda que los beneficios de mantener estos bancos son escasos frente a los innumerables costos que ellos imponen al conjunto de la sociedad. Si el objetivo de política económica es subsidiar a determinados sectores de la economía o a determinado tamaño de empresas, entonces la forma racional de hacerlo debiera ser a través de subsidios expresos, otorgados a los bancos privados. No hay nada que se pueda ganar socialmente si el Estado se dedica a producir el servicio de intermediación financiera con el único objetivo de utilizarlo para otorgar un subsidio.

• Mientras se logra el consenso político para avanzar en esta idea, creo que la solución práctica es restringir a la banca pública a la prestación de servicios de medio de pago, evitando captar depósitos y otorgar créditos.

• Los datos de inversión muestran una caída significativa, al punto que la inversión neta es negativa, por lo que no es posible pensar en crecimiento económico una vez que se alcance el límite de capacidad utilizada. Para muchos analistas ese límite ya se habría alcanzado en muchos sectores y eso explicaría la desaceleración de la recuperación económica.

• Las señales del gobierno no brindan la tranquilidad suficiente a los inversores, los que mantienen el «wait and see» que caracterizó la presidencia de Duhalde, una actitud entendible por ser de transición.