La Cámara de Diputados postergaría hasta febrero el tratamiento del proyecto del régimen impositivo especial para las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital. Se trata de un duro golpe para el sector ya que si el tema pasa para 2006, la aplicación de este beneficio -en caso de ser aprobado por ambas cámaras- comenzaría recién en 2007, puesto que quedarían excluidas de la medida las empresas que cierran balances el 31 de diciembre de 2006. Para peor, había sido el propio gobierno nacional el que lanzó el proyecto entusismando a estas empresas que suspendieron planes de inversión en espera de la reglamentación del beneficio.
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El tema debía tratarse mañana en la Cámara baja, en lo que sería la continuación de la sesión de la semanapasada en la que se llamóa un cuarto intermedio tras la polémica aprobación de la prórroga de la Ley de Emergencia Económica hasta el 31 de diciembre de 2006.
La lógica imperante en Diputados resulta paradójica: temas tan delicados institucionalmente, como la delegación no especificada de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, se aprueban en tiempo récord, al margen del reglamento y sin debate con la oposición. También el pago adelantado de 9.810 millones de dólares al FMI tuvo un trámite legislativo veloz: el decreto de Néstor Kirchner se aprobó el mismo día en el Senado y luego en Diputados.
• Consenso
Sin embargo, un proyecto como el del régimen especial para pymes, que cuenta con el consenso de partidos del arco opositor como el macrismo, sería postergado hasta mediados de febrero, cuando el Ejecutivo prorrogue la convocatoria a sesiones extraordinarias. Sólo el PRO insiste para que el tema se trate aisladamente mañana en Diputados, pero el presidente del cuerpo, Alberto Balestrini, ya habría adelantado su opinión en contra.
El nuevo régimen de exenciones impositivas para las pequeñas y medianas empresas permitirá desgravar del Impuesto a las Ganancias las inversiones en bienes de capital, con excepción de los automóviles. La exención, de aprobarse, regirá por dos años y tiene como objetivo «dar un tratamiento impositivo diferencial entre las ganancias distribuidas y aquellas que son reinvertidas en la explotación, de modo de dar preferencia a las últimas e incentivando la incorporación de capital productivo de las empresas».
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