Más poder a gremios ahora en el campo

Economía

Cuando todavía no se apaga la polémica por el descontrol vivido en la quinta de San Vicente -donde barras sindicales se enfrentaron a tiros, pedradas y palazos ante el traslado de los restos de Juan D. Perón-, un proyecto oficialista que se vota hoy en el Senado apunta a otorgarles más poder a los gremios rurales. Los sindicatos del campo podrán presionar a los empleadores para definir quién será el agente de retención que depositará en la AFIP los aportes sociales de los trabajadores. Es cierto que ayudará a combatir el trabajo en negro y la evasión en uno de los sectores más preocupantes. La medida, que está en análisis desde hace meses, no aparece oportuna en el contexto político actual, donde hasta Néstor Kirchner admitió sentirse avergonzado por el comportamiento de los gremios.

El Senado debatirá hoy un proyecto que, si bien combate el trabajo en negro, otorga más poder a los gremios en el control de los aportes sociales que deben realizar los empleadores. La iniciativa restablece el sistema de Convenios de Corresponsabilidad Gremial, para la recaudación de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social del sector rural.

Los Convenios de Corresponsabilidad Gremial son acuerdos firmados por las entidades gremiales que representan a los trabajadores rurales y por empresarios, que deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo. Y su principal objetivo es reemplazar el pago mensual de aportes y contribuciones destinados a todo el Sistema de Seguridad Social, por un pago único que se realiza al momento de la venta de la producción. Este pago se realizará a través de un agente de retención, el cual será acordado de antemano y estará encargado de restar, del total facturado por el vendedor, el importe correspondiente a la tarifa establecida en el convenio y de ingresar esta suma en la AFIP.

La ley serviría para combatir el trabajo en negro e incrementar la recaudación; brindar a todos los trabajadores cobertura social; combatir la competencia desleal de los empleadores en negro; y facilitar el cultivo de determinadas variedades que, por distintas circunstancias, ya no se cultivan en la Argentina.

  • Revisión

    De acuerdo con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre), existen aproximadamente 70 mil empleadores y 450 mil trabajadores registrados. Sin embargo, la cifra de jornaleros real se supone en un millón y medio, aproximadamente. Voceros del bloque del Frente para la Victoria consideran que aprobarán sin mayores inconvenientes el proyecto sancionado por la Cámara baja, pero como recibirá modificaciones, deberá regresar para una segunda revisión a Diputados. Entre los posibles cambios que se agregarán mañana al texto votado por Diputados aparecen los propuestos por el senador chaqueño Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

    El legislador indicó en su proyecto modificatorio que si bien es difícil estimar la cantidad de trabajadores rurales en negro, habría entre 1.200.000 y 1.500.000, muy por encima de los legalmente registrados, a los que también debería ampararse en la norma.

    El proyecto había sido aprobado por unanimidad y con el apoyo de todos los diputados en la Cámara baja. Según el Renatre, «beneficiará de manera contundente a los pequeños y medianos productores que, en regla general, no tienen un estudio contable que haga sus aportes y lleve su documentación del sistema, por lo que verán simplificados los trámites que deben realizar para abonar los aportes y las contribuciones correspondientes a sus trabajadores, ya que abonarán la tarifa acordada en el convenio en un solo pago y al momento de vender su producción».

    Según lo establece este proyecto, el Renatre será el organismo encargado de promover y facilitar la firma de estos convenios, de calcular las tarifas que se deban abonar en cada uno de ellos y de administrar su correcto desenvolvimiento. Además, será el responsable de elevarlos a la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, que es la autoridad de aplicación de esta ley, para su consideración, homologación, registro y protocolización.
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