Más reparto: Estado absorberá hipotecas en riesgo de remate

Una polémica solución diseñó el Ministerio de Economía para los deudores que corren peligro de ejecución, que consiste básicamente en un nuevo subsidio del Estado. Las hipotecas en situación de ser ejecutadas, tanto en poder de bancos como de acreedores privados, serán adquiridas por el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, que cuenta con $ 450 millones. Una vez que se quede con las hipotecas, el gobierno definirá "caso por caso" la situación de los deudores, a quienes se les otorgarán aumentos de los plazos y reducciones sustanciales de tasa de interés. Sólo serán beneficiados quienes se hayan anotado en el Registro de Deudores Morosos. En Economía aseguran que el beneficio será acotado a 13.000 deudores y el costo no superará los $ 140 millones.

El Estado saldrá al rescate de los deudores hipotecarios que corren peligro de sufrir la ejecución de su inmueble por falta de pago. El Ministerio de Economía ya definió que un fondo fiduciario comprará cerca de 13.000 hipotecas a bancos y acreedores privados para que el deudor moroso acceda a mejores condiciones de pago, con plazos más largos para la devolución del préstamo y reducción de la tasa de interés.

El proyecto de ley se está terminando de definir en la Secretaría de Coordinación Económica, que dirige Leonardo Madcur. Fuentes del Palacio de Hacienda aclararon a Ambito Financiero que este salvataje incluirá exclusivamente a quienes se anotaron en el Registro de Deudores Morosos, que se habilitó exclusivamente para aquellos con hipotecas en vías de ejecución. No pudieron inscribirse, en cambio, aquellos con hipotecas en mora pero que no tienen una situación judicial límite.

La cantidad de anotados superó levemente las 13.000 personas, incluyendo tanto a deudores bancarios como extrabancarios (es decir con préstamos tomados de acreedores privados). Y el monto de la deuda en cuestión ascendería a unos $ 140 millones.

Esta solución llega justo antes de que venza, el 2 de octubre próximo, la prórroga voluntaria de 30 días que decidieron los bancos para la suspensión de remates. Pero el acuerdo con el FMI estipula que no habrá nuevas postergaciones.

El instrumento específico que se utilizaría para comprar las hipotecas en riesgo de remate a los bancos y acreedores privados será el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, que actualmente cuenta con u$s 150 millones, es decir unos 450 millones de pesos. Se trata del fondo que originalmente estaba dirigido a la capitalización bancaria, pero que el 31 de diciembre del año pasado fue transformado para asistir también a empresas en crisis (se incluyó a compañías de salud, tecnología y, sugestivamente, medios de comunicación).

Finalmente, los fondos nunca fueron aplicados, por lo que se buscó un nuevo destino. «Preferimos darles una ayuda a quienes se quedaron sin pagar las hipotecas por la crisis y están a punto de ser rematados que salir a ayudar a empresas que siempre le reclaman al Estado», explicaron en Economía.

•Puesta en marcha

El Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas está presidido por Miguel Pesce, quien además se desempeña como representante del Ministerio de Economía en el Banco Central. El, junto a Madcur y a la presidenta del Banco de la Nación Argentina, Felisa Miceli, están terminando de delinear cómo será la operatoria.

En principio, la puesta en marcha del «salvataje» consistiría en comprar las hipotecas en cuestión, que quedarían en cabeza del fondo fiduciario. Luego, sería el Banco Nación el que se encargará de administrar la cartera, es decir constituirse en agente para el cobro mensual de las cuotas, aprovechando sus 600 sucursales en todo el país. Pero su participación sería exclusivamente administrativa, ya que las hipotecas no serán incorporadas a su activo.

Todavía se está analizando cuál será el límite máximo de monto que se aplicará por hipoteca. Aquellas que se hayan efectuado por sumas muy altas (por ejemplo $ 10 millones) no serán adquiridas por el fondo fiduciario.

Otra posibilidad es que este fondo les preste dinero a los bancos para financiar un estiramiento en el cobro de las hipotecas, que quedarían como garantía. El resultado sería el mismo: si el deudor no paga, quien termina perjudicado es el Estado, que tomó como garantía la hipoteca.