Menos dinero para provincias

Las provincias recibieron en octubre $ 1.028,321 millones en concepto de coparticipación federal, unos $ 336 millones menos que la garantía comprometida por la Nación a través del denominado Compromiso Federal.

Con esta cifra, la deuda con las provincias acumulada entre julio y octubre se amplía a $ 1.016 millones. A la deuda de octubre se le suman $ 314 millones atrasados de julio, otros $ 33 millones de agosto y $ 333 millones de setiembre.

Así fue difundido ayer por el Ministerio de Economía de la Nación a través de su página en Internet.

De esta manera, dos meses antes de que termine el año, el gobierno nacional va cumpliendo (a través del incumplimiento del pacto con las 24 jurisdicciones) con una de las metas fijadas en el último acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir en $ 900 millones los giros destinados a las provincias.

En octubre el Banco Nación giró a las provincias de manera automática $ 619,348 millones por coparticipación, $ 108,9 millones por transferencias de servicios, $ 131 millones para infraestructura social, $ 45,8 millones por el Fondo Compensador de Desequilibrios Provinciales y $ 48 millones del FONAVI, entre otros conceptos.

La diferencia existente entre el monto distribuido y la garantía comprometida por el gobierno para 2001, de $ 1.364 millones, tendría que obtenerse a través de financiación internacional, probabilidad totalmente descartada en la Argentina con un riesgopaís que sobrepasa los 2.300 puntos básicos, argumenta el Palacio de Hacienda.

La masa coparticipable bruta que mes a mes deben percibir las provincias está compuesta por 89% de lo recaudado a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 64% de Ganancias y 100% de las cargas por Impuestos Internos, Ganancia Mínima Presunta, Intereses Pagados y el gravamen a los premios de juegos de azar. De este total, 15% se destina al Sistema Nacional de Seguridad Social, mientras que una suma fija anual de $ 549,6 millones es deducida en favor del Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales Provinciales, cuyo reparto no es uniforme y en el cual no participa la provincia de Buenos Aires.

Según fuentes del Palacio de Hacienda, la recaudación y distribución de los gravámenes se realiza a través del Banco Nación de manera directa, sin la intervención del gobierno nacional.