Menos diputados podrían gastar más

Un brillante trabajo de la licenciada Carlota Jackish sobre la dimensión y gasto de las legislaturas provinciales y las prédicas de Carlos Rodríguez han llevado a una campaña donde se sostiene que sobran políticos y, como conclusión, se reclama la reducción de ellos a la mitad.

A mi juicio esa campaña extrae una conclusión errónea del trabajo de Carlota Jackish. Lo que demuestra el trabajo es que legislaturas con menor número de miembros pueden gastar mucho más que otras mayores. En especial en las comparativas con congresos extranjeros se demuestra cómo no es un número menor de legisladores lo que hará que sean más eficientes.

La conclusión debería ser que debe bajar el gasto público. Ahora gasto político no son exclusivamente las legislaturas. Son, por ejemplo, los recitales de Lopérfido y Ruckauf, las innecesarias campañas de publicidad (en especial de organismos como las defensorías del pueblo, el Pronaserar, etc.), el nuevo micro estadio deportivo de Aníbal Ibarra, las zapatillas firmadas de Ruckauf, los planes de empleo para los militantes de Franja Morada, los 1.600 «ñoquis» nombrados por Graciela Fernández Meijide, etcétera.

•Historia

Convendría hacer un poco de historia acerca de la existencia de los parlamentos y congresos. Nacieron como un intento para poner un freno, un límite al poder de los reyes. Los pensadores liberales y republicanos, es decir quienes además de pensar en la división de poderes, pensaron en crear un «reinado limitado» en el tiempo y el poder, llamaron a ese cargo presidente. Pero todos pensaron que el poder legislativo debía de ser un freno al Poder Ejecutivo.

Los congresos deberían representar al pueblo. En especial deberían ser quienes con la sanción de leyes reglamentarias impidieron que el Estado a través del Poder Ejecutivo (el rey o el presidente) violaran, avasallaran los derechos individuales. Un especial límite para esos pensadores estaba dado porque los órganos legislativos debían contener el gasto público y los impuestos (o el endeudamiento, que son impuestos futuros) como mecanismo de limitación del poder.

Los pensadores republicanos entendían a los parlamentos no como un cuerpo que debe legislar para justificar el ejercicio del poder estatal sino por contrario como un órgano que dictaría pocas leyes dirigidas a limitar el poder de la administración. De allí la famosa frase del político inglés William Pitt que «donde comienza la ley, termina la tiranía». Hoy las palabras de William Pitt carecen de sentido en un contexto donde las leyes están ordenadas a justificar el accionar del poder estatal y a desconocer los derechos individuales.

Por eso el problema actual no está en cuánto gasta el Congreso sino en qué lo gasta. Desde la aparición del socialismo y su vertiente constitucional, llamado el «constitucionalismo social», los cuerpos legislativos se convirtieron en los cómplices del Poder Ejecutivo. Abandonaron su función esencial y se convirtieron en quienes convalidan, dan respaldo al crecimiento del Estado y los poderes de la burocracia político estatal en la usurpación de los derechos de las personas.

Todo comenzó a necesitar autorizaciones estatales, el mismo Estado asumió roles extra constitucionales como quitarles dinero a unos para dárselo a los favoritos de turno, etcétera.

•Mejor solución

La cuestión de hoy no tiene solución por la reducción lisa y llana de la cantidad de legisladores. Hay que restablecer el pacto constitucional y fundacional de nuestra organización nacional. El mecanismo por el cual nuestros representantes dejen de ser quienes dan «cobertura legal» a los abusos estatales.

Mejor solución que reducir el número de legisladores sería establecer mejores mecanismos electorales, que eviten la férrea disciplina partidaria, un sistema de control y tope de sus gastos.

Tener 50% de congresistas seguramente terminará teniendo un efecto contrario al buscado. No bajarán el gasto sino que podrán ser doblemente más ricos, o mejor pagados.

La segunda consecuencia no querida, pero que no tardará en suceder, será la creación de un cuerpo mucho más cerrado y difícil de controlar. Podríamos poner un Congreso unicameral de nuevos 50 legisladores y al poco tiempo la más absoluta omertá les permitiría actuar con mayor discrecionalidad que la actual. Habría menos peligro de un out sider que no entre en los acuerdos políticos y partidarios. Mucho más con el actual sistema de listas.

No hubiera existido un Alberto Albamonte ni un Chacho Alvarez, etc. Seguramente al poco tiempo tendríamos más un Senado que nuestros representantes.

No se trata de menos políticos ni menos legisladores sino de lo que no deben hacer los legisladores y lo que sí deberían hacer. Los legisladores no deberían votar poderes extraordinarios, presupuestos enormes con gastos inconstitucionales.

Los legisladores deberían volver a representar al pueblo. Pero no como de una masa sino de ciudadanos individuales a quienes deben defender del avance del poder estatal.