Mensaje a Lavagna: el G-20 pide buena fe y transparencia

Transparencia, comunicación fluida, buena fe y tratamiento justo entre los acreedores. Estos son los cuatro puntos incluidos en el flamante Código de Buena Conducta para los casos de default aprobado ayer en la reunión del G-20, avalado por todos los países participantes menos por la Argentina, que no fue parte de la reunión por decisión del ministro de Economía, Roberto Lavagna. El texto completo fue publicado por el Institute for International Finance (IIF), una organización con sede en Washington que trabajó junto con los países que integran el G-20 para la redacción final del código. Entre otros, alabaron esta decisión William Rhodes (Citigroup), Jacques de Larossiere (BNP Paribas) y Charles Dallara, todos además representantes del IIF. Los tres fueron incluidos en la lista de «conspiradores» por funcionarios del Ministerio de Economía, donde se cree que influyeron para que se trabe la oferta internacional de la deuda.

• Puntos centrales

Estos son los puntos centrales de los «Lineamientos para un flujo estable de capitales y reestructuración justa de la deuda en mercados emergentes»:

1. Transparencia y envío de información:

Los deudores deberán dar a conocer toda información relevante para que los acreedores puedan tomar decisiones, incluyendo el nivel de endeudamiento. Estos datos son importantes para tener en cuenta los riesgos a la hora de adoptar iniciativas de inversión.

En el contexto de una reestructuración, el deudor debe informar sobre los vencimientos y las tasas de interés de toda la deuda emitida. Esto deberá incluir los acuerdos especiales alcanzados con otros acreedores, como el FMI y el Club de París; se podría incluir el envío de información confidencial.

2. Diálogo estrecho entre deudor y acreedor para evitar la reestructuración.

Ambos deberán mantener un diálogo regular, considerando la información económica y las principales decisiones en materia de política económica y financiera.

Las técnicas de comunicación deberían incluir una oficina de relación con el inversor a cargo de personal calificado. Las alternativas para mantener una comunicación estrecha son muchas: diseminar la información a través de e-mails o sitios en la Web dirigidos a los inversores, reuniones bilaterales y videoconferencias.

Los países deberán monitorear de cerca la efectividad de sus políticas económicas, ajustarlas en caso de ser necesario y buscar una respuesta (« feedback») de los inversores.

Los deudores deberán explorar con los inversores alternativas «de mercado» antes que ocurra el default. En ningún caso, los participantes de estas reuniones sacarán beneficio propio con operaciones comerciales.

La comunidad acreedores considerará, teniendo en cuenta las restricciones legales, la posibilidad de participar en refinanciamiento voluntario de corto plazo para evitar que el acreedor entre en default y deba ingresar en una gran reestructuración.

3. Acciones de buena fe

Cuando el default se vuelve inevitable, deudores y acreedores deberán entrar en un procesode renegociación voluntario basado en la buena fe. Este proceso deberá fundarse en la vuelta al financiamiento de mercado, el crecimiento macroeconómico viable y la sustentabilidad de la balanza de pagos. Deudores y acreedores tomarán el camino de las negociaciones de buena fe para limitar potenciales litigios. En este contexto, se sugerirá al FMI que mantenga la política de préstamo a deudores morosos («lender into arrears»).

La forma apropiada de negociación, ya sea a través de un comité de acreedores u otro grupo representativo, será determinada caso por caso.

Negociaciones tempranas con los acreedores deben llevarse adelante una vez que ocurra el default.

4. Tratamiento justo

Debe evitarse el tratamiento discriminatorio entre acreedores. Esto incluye la posibilidad de buscar la renegociación con los acreedores bilaterales oficiales. En líneas generales, los créditos de muy corto plazo otorgados al país deberían excluirse de la reestructuración, de ser necesario.