Motosierra al Fondo de Integración Socio Urbana: ¿qué políticas llevaba a cabo?

Tras las denuncias mediáticas sobre el funcionamiento del FISU, que fueron desmentidas por el flamante funcionario que ocupará el cargo, el Gobierno ajustó fuertemente una caja destinada a los sectores más vulnerables.

El Gobierno recortó severamente la caja que financiaba mejoras en barrios populares.

El Gobierno le pasó la motosierra a la caja que financiaba obras de infraestructura y mejoramiento de barrios populares. La poda se dio tras las denuncias mediáticas a la ex secretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño, y lateralmente al dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, que desmintió incluso el oficialista Sebastián Pareja, que es quien ocupará el cargo de Miño.

"Esto fue una maniobra de desprestigio contra Juan Grabois, que ni siquiera manejaba los fondos porque no era funcionario. No participaba, solo acompañó mi presentación para cubrir ese cargo. La que estaba a cargo era yo", explicó en diálogo con Ámbito, Fernanda Miño.

En ese sentido, dentro de las denuncias mediáticas se afirmó que era el propio Grabois quien manejaba a través de Miño la "caja", aunque ella le quitó esa responsabilidad al dirigente y sostuvo que solo la llamó para "felicitarla" por el trabajo realizado y que estaba "orgulloso de presentarnos como equipo".

¿Qué es Fondo de Integración Socio Urbana?

El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue creado hacia el final de la gestión de Mauricio Macri a través del decreto 819/2019 y puesto en marcha durante la de Alberto Fernández con la ley 27.453. Su objetivo principal es financiar proyectos de integración socio urbana para los conglomerados de viviendas humilde que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y la creación de lotes con servicios.

"La pobreza en un barrio es multicausal, hay un montón de cosas que generan pobreza", resaltó Miño. En los barrios populares generalmente no ingresan las empresas de servicios, las conexiones eléctricas son precarias, las redes fluviales y cloacales muchas veces no llegan, todo ello es lo que genera pobreza en un barrio.

Tal es así, que el concejal y ex candidato a intendente de Rosario Juan Monteverde, definió a esta política pública como "el primer intento serio de abordar la pobreza estructural en Argentina no desde los ingresos sino desde las condiciones materiales de existencia".

Contrariamente a lo que pasaba hasta el momento, el FISU era "una política pensada de abajo hacia arriba" y por lo tanto "inédita en el mundo". De allí, que hasta el nuevo funcionario a cargo de la secretaría, el oficialista Sebastián Pareja, aseguró que "fue una de las pocas secretarías que funcionó en los últimos 4 años", durante el gobierno de Alberto Fernández.

“He hablado con muchos intendentes y hasta ahora no he encontrado críticas. Lo que estoy viendo es un presupuesto con más del 80% ejecutado”, dijo Pareja, y explicó que también se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde "promueven como un ejemplo el trabajo llevado a cabo por Miño" y "especialmente el programa Mi Pieza".

Los barrios populares serán los más afectados por un nuevo recorte dispuesto por el Gobierno.

Fondo de Integración Socio Urbana: Milei recortó del 9% al 1% el financiamiento del impuesto PAIS

Este fondo fiduciario se financiaba, hasta este lunes, con un 9% del Impuesto PAIS, con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Aporte de Nación y por única vez con el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas de 2021. En los últimos cuatro años, el FISU llegó a manejar $550.000 millones, según estimó Miño.

Sin embargo, ese financiamiento cambió el lunes, cuando el Gobierno decidió activar la motosierra y podar el financiamiento, reduciéndolo solo al 1% del impuesto PAIS. "Antes teníamos el 9% de ese 30% del impuesto que recae sobre el dólar, que sería cercano al 1% de la recaudación, ahora quedó en el 0,3% de la recaudación", detalló Miño.

"Quieren desfinanciar estas obras y usar esas partidas para otra cosa. Hay un desprecio constante a los pobres y los barrios populares", apuntó Miño.

El Fondo de Integración Socio Urbana en cantidad de obras

Desde el inicio del FISU hasta el 31 de diciembre de 2023, el total de obras aprobadas fue de 251.395, de las cuales 207.244 se encuentran finalizadas, representando más del 80% del total. Entre las obras que realiza están las generales de integración urbana, lotes con servicios para acceso a suelo urbano de los sectores populares y programas de mejoramiento de vivienda, como la Línea “Mi Pieza”. Durante ese período, los diferentes programas y líneas de intervención beneficiaron a 5.060 barrios populares, de los 6.467 incluidos en el ReNaBaP. Es decir, más del 78% del universo total de barrios registrados.

Del total de esas obras, unas 250.000 eran erogaciones del programa "Mi Pieza", que solo otorgaba el financiamiento en dos tramos a las mujeres para que puedan refaccionar, mejorar o ampliar sus viviendas; es decir que la obra no la tenía que tercerizarla el SISU, sino que la realizaba la misma familia a la que se le otorgaba. Más del 80% de las obras de este programa se encuentran finalizadas en un 100%, según el informe de transparencia de Integración Socio Urbana a la que tuvo acceso este medio.

Miño explicó que las obras de mejoramiento socio urbano alcanzaron a 1.400 barrios -que no es poco- y que el año pasado se realizaron unas 400, de las cuales el 30% se finalizó y el 82% quedaron cerca de terminarse.

Pareja y Miño se reunieron el lunes, la dirigente contó que tuvieron una "charla amena" y que el nuevo funcionario le "repitió lo que dijo en la nota" y le aseguró que "no cambia ni una coma", ya que se reunió con diferentes intendentes de distintos signos políticos y organismos internacionales, que elogiaron las políticas llevadas a cabo.

La ex secretaría de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, cuando estaba en actividad.

Denuncia de corrupción

La semana pasada, en diferentes medios nacionales se denunció una supuesta malversación de fondos del FISU, que recaía tanto sobre Miño como sobre Grabois. Ambos catalogaron las denuncias mediáticas como una "campaña de desprestigio", ya que se ponía en tela de juicio el trabajo llevado a cabo por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU).

Incluso, se puso en discusión una camioneta que tiene Miño y que, según contó a este medio, la tiene desde antes de llegar a la función pública porque la compró con un juicio de un accidente que tuvo su pareja. "Yo sigo viviendo en el mismo barrio", mencionó Miño, en referencia a La Cava, de San Isidro, y continuó: "Eso les genera odio, hay odio hacia las clases bajas, una personas por vivir en un barrio popular no puede tener un auto e irse de vacaciones".

"Más allá de las operaciones que sigan haciendo, no van a manchar esta obra tan linda que llevó adelante el área de integración socio urbana y que tenemos el deseo y la esperanza que continúe. Vamos a estar ahí para lo que necesiten y podamos ayudar", aseguró.

También se habló de una supuesta discrecionalidad al momento de otorgar los proyectos, pero ¿cómo se otorgaban los financiamientos para las mejoras de los barrios? En principio, hay que destacar que eran los proyectos más chicos, no en el tenor de obras sino en cantidad.

Sin embargo, no era la misma secretaría la que tenía gente a cargo para implementarlo, sino que eran los actores de la sociedad civil o municipios los que presentaban los proyectos y a partir de ellos la SISU otorgaba el financiamiento. Esto podía ser a empresas privadas o a cooperativas, aunque un 25% de esas obras por ley debía ser otorgadas a estas últimas asociaciones.

"Esta era un área nueva y mi cargo era en lo político, convencer de que este 9% tenía que ir directamente a las obras, ni siquiera había para viáticos ni para aviones como se quiso instalar, se destinaba todo a obras", cerró la ex funcionaria.