Mucha desilusión y el análisis sobre la posibilidad de recurrir ante la Justicia generaron ayer en las principales empresas del país la decisión de reducir de 35% a 30% la alícuota del Impuesto a las Ganancias por única vez para aplacar los efectos de la inflación. La mayoría de las compañías analizaba ayer en reuniones de emergencia con sus principales asesores contables y de auditoría (tanto dentro como fuera de las mismas firmas) los alcances de la nueva medida con preocupación. Si bien en muchos casos se esperaba la letra chica del proyecto de ley para saber los alcances exactos de la medida, a priori se afirmaba que los efectos de la medida anunciada ayer por el secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, serían negativos. Uno de los principales auditores que tiene el país, socio gerente de una de las firmas líderes del rubro a nivel mundial y presentes en la Argentina, afirmaba ayer a este diario, y luego de mantener por lo menos cinco reuniones con varios de los grandes contribuyentes en Ganancias que la decisión del gobierno «es injusta» y «caprichosa». El mismo asesor aseguraba que la decisión no es «que en lugar de 35% pagar 30% o 5% es lo mismo, ya que se estará pagando sobre algo que en definitiva no existió». A priori, sólo los bancos se verían beneficiados con esta medida, ya que esencialmente es un sector que no trabaja con stocks, sino con activos físicos que actualmente están devaluados, con lo que contablemente el alza de precios no influye en sus balances; sin embargo, tendrá una reducción en ganancias como todas las sociedades.
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En sintonía con esta posición, para Fernando Dubois, ex inspector general de la DGI, la decisión de rebajar 5 puntos porcentuales la alícuota de Ganancias «no soluciona el problema», pero admite «que reconocer la existencia de un mecanismo de ajuste es, en sí mismo, inflacionario». Sin embargo, refirma un capítulo polémico y de discusión permanente entre los contadores y los auditores: dentro de los resultados contables, los ajustes por alzas de precios forman parte de los mecanismos normales, y la Argentina no tendría por qué obviarlos.
Por su parte, Angel Schindel, titular de la cátedra de Impuestos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) considera que la decisión es «absolutamente injusta» y premia al que no declaró sus activos en dólares. Defiende, además, la aplicación de un mecanismo de ajuste por inflación y reclama no tenerles miedo a las consecuencias de éste.
Algunas interpretaciones que se realizaban ayer dentro de las empresa ante el mecanismo ideado por el gobierno son las siguientes:
• Las principales perjudicadas son las empresas que declararon activos financieros en dólares depositados en el exterior y girados antes de noviembre del año pasado. En este caso, y como los balances deben ser en pesos, las divisas deben ser computadas como moneda local. Esto implica que lo que hasta la salida de la convertibilidad era un peso un dólar ahora debe tomarse a aproximadamente 3,6 pesos.
Como esto implica un incremento en pesos del valor del bien financiero en 2,6 pesos por dólar, aumenta la base imponible de Ganancias sin que éstas se hayan incrementado. Hay que recordar que girar dinero al exterior y depositarlo en entidades financieras de cualquier país del mundo era hasta noviembre del año pasado una operación absolutamente legal siempre que el dinero esté declarado.
• Las empresas con inventarios dolarizados, sobre todo las que tengan potencial exportador o que sean proveedoras de éstas, también se verán perjudicadas, ya que estos activos se computan en pesos luego de convertirlos al tipo de cambio actual. Así, un bien que de inventario valía hasta el año pasado 1 peso ahora vale 3,6, lo que para el balance de la empresa implicaría una ganancia a partir de la revalorización de los activos, cuando en realidad la situación sería igual que la de antes de la salida de la convertibilidad. Según Economía, en este caso, la pérdida por el aumento del impuesto determinado se aplacaría con el incremento de las divisas ingresadas a partir de la supuesta alza en las exportaciones.
• Hay también una fuerte revalorización de los bienes de cambio, ya que toda esta mercadería se toma al valor de la última compra, que en la mayoría de los casos también fue efectuada antes de la salida de la convertibilidad. En este caso, hay muchas empresas que se concentran en el mercado local y que no tienen posibilidades de exportación (por ejemplo, las constructoras) que se verán directamente perjudicadas por el alza del impuesto determinado en Ganancias.
• Las grandes empresas endeudadas en dólares, que actualmente están virtualmente en default, a priori no se verían perjudicadas, ya que el incremento del tipo de cambio jugaría a favor por tener sus pasivos en la moneda norteamericana. Sin embargo, se afirma indirectamente que, si se aplicara un mecanismo por ajuste por inflación, sería más beneficioso, ya que se le permitiría una salida más fácil de una potencial situación de quebranto al computar más rápidamente los efectos de la devaluación sobre sus estados contables.
• También se verán perjudicados las empresas industriales que trabajen sobre la base de stocks durables (automóviles, artículos de línea blanca eléctrica y no eléctrica, cemento, etc.).
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