Las empresas de servicios públicos sólo podrán reclamar ante la Justicia las sanciones de los entes de control si el gobierno aprueba un nuevo régimen cuyo proyecto estará hoy a la firma de Fernando de la Rúa. De acuerdo con el nuevo sistema esos entes, que fueron creados para velar que las empresas licenciatarias de los servicios cumplan con los requisitos a los que se comprometieron en los pliegos, no podrán tener más de tres directores que, además, deberán asumir funciones de gerencia. Hoy rige un sistema de apelación del propio gobierno que de hecho paraliza cualquier multa o castigo. Reclamos ante la Justicia suponen, por caso, calcular gastos y plazos que pueden encarecer el incumplimiento del servicio.
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La cobertura de esos cargos, además, deberá hacerse por concurso público de antecedentes que serán examinados por jurados integrados por expertos provenientes de la actividad privada e independientes de las empresas que luego deberán vigilar.
Domingo Cavallo deberá esforzarse por cumplir este artículo ya que en anterior vida como ministro de Carlos Menem mostró desdén por esas designaciones. Ahora el funcionario dice haber aprendido mucho de política y que se cuidará de repetir errores del pasado. Tiene un vigilante apto para esto: el actual secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, ganó con el anterior gobierno un puesto de director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNTC, hoy CNC, agregado el Correo). Cuando a Cavallo le vino en gana, siendo secretario Carlos Bastos y secretario de Comunicaciones Raúl Agüero, intervino directamente a la CNTC y echó a Aguiar, con quien hoy debe convivir en el gobierno de De la Rúa. La limitación de la cantidad de directores a tres obedece a un criterio gerencial que se quiere usar para suplantar el criterio político. Los nuevos directores por concurso serán expertos en condiciones de asumir, además, tareas técnicas en el nivel gerencial, con lo cual habrá economía en esos cargos. Si el director no es idóneo, supone el nuevo sistema, cobra un sueldo y no trabaja. Si es idóneo, entonces que además sea gerente de un área determinada.
En la actualidad sólo los entres que controlan los servicios de electricidad y de gas (ENRE y Enargas, respectivamente) cubren los cargos por concurso y eso porque fueron creados por ley. Los demás entes de control los cubre el Poder Ejecutivo atendiendo a criterios políticos. El ente que vigila los aeropuertos, por ejemplo, lo preside el novelista y poeta Eduardo Sguiglia y uno de sus directores es el ex gobernador peronista de Mendoza Rodolfo Gabrielli, impuesto por el club de mandatarios del PJ.
El nuevo sistema tendrá ese mismo rango porque lo firmará De la Rúa como «decreto delegado», es decir un decreto amparado en la cesión de poderes extraordinarios que le sancionó el Congreso al asumir Domingo Cavallo.
Desde ya que, por tratarse de servicios públicos, el decreto se limita a los entes que hoy están en el Ministerio de Infraestructura de Carlos Bastos.
Este funcionario no es el promotor inicial de la reforma. Nació del grupo que mantenía Carlos Chacho Alvarez en la Vicepresidencia de la Nación entre diciembre de 1999 y octubre de 2000 para estudiar una reforma del Estado. El gerente era Marcos Makón, quien ahora retomó la tarea como secretario de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete y le dio nuevo impulso.
Tanto han cambiado las cosas dentro del gobierno en materia de ideas que en los papeles que estudia hoy el Presidente para firmar este decreto no figura el principal reproche del chachismo cuando emprendió esta reforma: que los entes de control de los servicios son cautivos de las empresas que deben controlar.
Esa doctrina permanece en el proyecto pero no de manera expresa y se articula en el mecanismo de concursos para cubrir los cargos.
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