18 de agosto 2003 - 00:00

Nueva ola de amparos de ahorristas contra bancos

Los amparos de «segunda generación» se están convirtiendo en la nueva plaga para los bancos y en una verdadera panacea para muchos ahorristas. Se trata de medidas cautelares favorables a los depositantes que aceptaron retirar sus fondos a $ 1,40 más el CER, pero ahora reclaman -en muchos casos exitosamente- que les paguen la diferencia con el valor del dólar a la fecha de la desafectación.

Si bien los fallos están proliferando en todo el país, los banqueros detectaron que los más notorios están ocurriendo en Córdoba y en San Luis, aunque también se registraron medidas cautelares favorables en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los ahorristas que salen beneficiados por los denominados amparos de «segunda generación» se cuentan aquellos que en abril y mayo del año pasado decidieron descongelar los fondos del «corralón» a $ 1,4 más el CER para comprar inmuebles y autos (bienes registrables)
. Esta posibilidad había sido dispuesta a través de un decreto por el gobierno y, obviamente, era una alternativa no coercitiva para el depositante.

Otro caso típico es el de aquellos ahorristas que aceptaron voluntariamente los sucesivos descongelamientos de sus depósitos, que así pasaron del «corralón» a una cuenta a la vista, siempre a $ 1,40 más el CER. El argumento de los ahorristas es que aceptaron la pesificación por causas de «fuerza mayor» ante la imposibilidad de contar con recursos en medio de la crisis.

Esta proliferación de fallos está provocando que los amparos continúen en niveles altos, a pesar de que el dinero que todavía existe en el «corralón» cayó a menos de $ 10.000 millones, cuando a principios de año todavía había cerca de $ 30.000 millones.

Hasta hace un par de meses, los amparos favorables para los ahorristas tenían como condición que los fondos se hubiesen mantenido en el banco,
ya que de esta forma el ahorrista manifestaba su disconformidad con la pesificación. Sólo en el año 2002 los bancos pagaron un total de $ 11.581 millones por medidas cautelares, a lo que se agregaron otros $ 2.733 millones en los siete primeros meses de 2003. En total, son $ 14.314 millones por medidas cautelares.

• Seguros

Además, los jueces también están fallando favorablemente para el ahorrista en casos de seguros de retiro pesificados, fondos comunes de inversión y préstamos garantizados.

Pero cuando los bancos pensaban que el problema de amparos podría ir desapareciendo (porque prácticamente ya no quedan depósitos acorralados) surgió esta nueva modalidad.
«Si pesificó, compró bienes registrables, desafectó o transfirió depósitos reprogramados recupere la diferencia de cambio entre $ 1,40 más el CER y el dólar libre», señalan los avisos de varios estudios jurídicos que ahora se dedican a presentar este tipo de demandas.

Como defensa, los bancos interponen la denominada «teoría de los actos propios», con la que intentan demostrar que el ahorrista decidió retirar los fondos por decisión propia y ahora no puede reclamar.

Sin embargo, se dan situaciones distintas.
En el caso de los depositantes que retiraron el dinero a $ 1,40 más el CER pero haciendo constancia de que lo hacían «bajo protesto», por ejemplo a través de la certificación de un escribano, tienen más chances de recibir una medida favorable. En cambio, los bancos que hicieron firmar a sus clientes que luego de cobrar el depósito a $ 1,40 más el CER renunciaban a cualquier tipo de demanda posterior están en mejor posición de defender su postura cuando llega el reclamo del ahorrista que busca recuperar su depósito original.

«Nosotros devolvimos a mediados del año pasado la totalidad de los fondos del 'corralón' a $ 1,40 más el CER. Tuvimos medidas cautelares en contra, pero luego la pudimos dar vuelta en segunda instancia, porque la gente nos había firmado su conformidad», explicó el presidente de un banco nacional.

Si bien no está provocando un problema de liquidez, porque los bancos están en buena posición, preocupa que potencialmente puedan surgir miles de ahorristas demandando a las entidades por pesificaciones efectuadas hace más de un año.

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