Nuevos proyectos de ley para la regulación de las relaciones de mercado

Por Marina Tabares y Micaela Zapata (*)

Las múltiples discusiones surgidas alrededor de las políticas implementadas por el gobierno nacional, tienden a poner una y otra vez sobre la mesa la discusión fundamental sobre el rol del Estado en la vida de las sociedades. La respuesta no es unívoca, en tanto ese rol no sólo se define por sus resultados globales (el resultado final de la intervención de todos los Estados Nación), sino por las diferencias fundamentales de las formas que adopta en cada caso.

Hace algunos días el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un compendio de tres proyectos de ley para su debate en el recinto, que comenzarán a tratarse en breve. El primero de ellos, es el proyecto denominado "Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo" y establece, como primera medida, la creación de un Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo, una instancia de acceso gratuito para consumidores y usuarios. Asimismo, crea la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo, para que entienda fundamentalmente en la materia regida por la Ley Nº 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor).

El segundo de los proyectos de ley, prevé la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, bajo la órbita de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. Constituido por representantes de todos los Ministerios y también por representantes de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, este organismo de monitoreo y sistematización podrá requerir a la Secretaría de Comercio documentación e informes de carácter público o privado. Podrá efectuar recomendaciones, solicitar la publicidad de la información de los precios y disponibilidades de insumos, bienes y servicios relevados. El órgano también podría emitir dictámenes en el caso de detectar conductas distorsivas del mercado y del proceso de formación de precios, que afectaran a los usuarios y consumidores.

El tercero y más avanzado de los proyectos es el modificatorio de la Ley 20.680 de Abastecimiento, denominado Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo.Sobre éste proyecto cabe brindar un mayor detalle, pero sus aspectos más relevantes son la ampliación de las facultades regulatorias de la Secretaría de Comercio, la que - en caso de ser necesario - podrá establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios en cualquier etapa del proceso económico.

El órgano podrá dictar normativas de regulación en todas las etapas del proceso, disponer niveles de producción, teniendo en cuenta las condiciones de la entidad y el insumo, bien o servicio regulado. También podrá brindar subsidios que considere para garantizar el abastecimiento necesario.Y, fundamentalmente, podrá requerir documentación e información a los agentes económicos que permita el monitoreo y análisis de las relaciones de intercambio existentes. Este punto, que podría parecer de menor impacto, es uno de los más trascendentales ya que en ciertos casoslas entidades se rehúsan a brindar información detallada respecto de su estructura de costos o sus proveedores.

También se modifican las capacidades sancionatorias, puesel proyecto finaliza la posibilidad de pena de cárcel para el infractor, pero incrementa los punitorios económicos ante los incumplimientos de la ley y las reincidencias. De hecho, el proyecto contempla que las multas originadas de las infracciones sean abonadas como requisito previo de cualquier reclamo por parte del sancionado. Esto permitiría hacer más efectivo el control, porque evitaría la interposición de interminables cadenas de amparos y escalonamientos judiciales con los que muchas empresas buscan evadir las sanciones.

Cabe aclarar que muchas de las facultades que establece el proyecto estaban presentes en la ley de Abastecimiento, pero la clara intención de avanzar sobre una mayor capacidad regulatoria, ha provocado que la mayor parte de las cámaras representativas de la cúpula empresarial local expresaran sus quejas respecto de los proyectos presentados.

Las políticas concretas de regulación, como los acuerdos de precios, o Precios Cuidados y Red Comprar, como exponentes éstos últimos de un mayor éxito de implementación, van demostrando, por un lado, que no existe margen para librar al mercado la tarea auto-regulatoria, porque ésta siempre resulta ser desleal a los intereses de los consumidores.Y por otro, que en la medida en que son detectadas las necesidades de mayores niveles de información, documentación y mayores márgenes de acción por parte del Estado, éstos se ven impulsados en proyectos de ley que permiten avanzar sobre los problemas específicos de la economía local.

Cabe recordar aquí que la inflación no es en sí misma un problema, sino que, en el caso de las economías en crecimiento como la argentina, es consecuencia, entre otras cosas, de la puja por la apropiación de la renta.

(*)Integrantes del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP)