Ofrece el gobierno a la CGT bajar impuestos por menos salarios

Economía

El gobierno tiene en carpeta una oferta para hacerles a Hugo Moyano y sus aliados: demorar hasta después de junio los aumentos salariales -que cree no deberían superar 15%- y acelerar la mejora en el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. La idea es subir nuevamente el mínimo no imponible de ese tributo o que haya más posibilidades de descargar gastos, lo que mejoraría el salario de bolsillo, sin necesidad de aumentar las retribuciones. El gobierno podría aplicar esta medida sin tener que recurrir al Congreso, debido a que el Presupuesto nacional aprobado permite que se avance en un beneficio que ya obtuvieron los petroleros del Sur, luego de que amenazaran con un paro violento. Lo que le pedirán al camionero es que negocie aumentos de salarios en las convenciones colectivas que no superen 15% (los sindicatos quieren más de 20%) y que se apliquen escalonadamente después del segundo semestre. Con esto el gobierno se garantiza una mejora en los ingresos, algo clave en un año electoral, sin presionar sobre la inflación ni sobre los costos de las empresas -al menos, en la primera mitad del año-, algo que ya alarma al sector privado.

El gobierno ofrecerá mejorar el impacto del Impuesto a las Ganancias en los sueldos de los empleados en relación de dependencia a cambio de no implementar hasta el segundo semestre del año incrementos salariales directos en el sector privado. Según este plan, éstos podrían comenzar a aplicarse en los últimos meses del año, y siempre con un nivel que no supere 15%, acompañando la evolución de los precios. Sólo en los sectores más postergados en los últimos años el alza salarial podría comenzar a aplicarse antes de junio, y alcanzaría 20% como tope.

Ese será el marco en el cual el gobierno de Néstor Kirchner le ofrecerá en los próximos días al titular de la Confederación General de Trabajo (CGT), Hugo Moyano, discutir los convenios colectivos de trabajo que deben comenzar a negociarse entre la próxima semana y la última quincena de marzo.

Los sectores que según el cronograma oficial comenzarán a discutir salarios en las próximas semanas y que deberían firmar los nuevos acuerdos antes de fin de mayo son los siguientes: petroleros, petroquímicos, alimentos, metalúrgicos, bancarios, camioneros, telefónicos, sanidad, servicios eléctricos, municipales, bebidas, transporte público, correo, subterráneos, servicios financieros, automotrices y autopartes. En total, estarían involucrados unos 300.000 empleados en las negociaciones, que se realizarán en la órbita del Ministerio de Trabajo que conduce Carlos Tomada. Sin embargo, se espera dentro del Poder Ejecutivo que también intervenga directa o indirectamente el titular de Planificación, Julio De Vido. Este funcionario fue el que se sentó a negociar con Moyano el 15 de febrero del año pasado, luego de los graves incidentes de Las Heras, Santa Cruz, donde manifestaciones de petroleros terminaron con la muerte de un policía, caso que aún no está aclarado.

  • Garantía

    En esos días, De Vido y Moyano hablaron de la situación en la Patagonia, pero además de las próximas negociaciones salariales. El ministro le garantizó al titular de la CGT que en el primer semestre se tomarán medidas que le permitirán mostrar ante los sindicatos una mejora salarial (y, por ende, más ingresos a los gremios).

    Pero como contrapartida, el Ejecutivo pide prudencia y cautela a Moyano en el momento de plantear los reclamos en la mesa de negociaciones.

    Las preocupaciones del gobierno son dos. Por un lado, no quieren que aparezcan sobresaltos en los índices inflacionarios en el segundo y en el tercer trimestre del año, un período generalmente complicado en cuanto el alza de precios. Un incremento sustancial en el dinero en poder de los empleados que recibirían las mejoras implicaría una presión sobre el consumo interno que difícilmente podría no derivar en más inflación. El segundo motivo, desprendido de lo anterior, es que los acuerdos con los empresarios que viene firmando el gobierno desde el comienzo del verano incluyen un artículo que afirma que el congelamiento de precios se mantiene siempre que no haya un incremento sustancial en los costos de producción. Esta es la fórmula que encontraron los empresarios para mencionar que si hay un alza importante en los salarios, este aumento se trasladará a los precios y los acuerdos dejarán de tener vigencia.

    El esquema que tiene entonces en mente el gobierno para la próxima discusión de las convenciones colectivas es el siguiente:

  • En el primer semestre del año se comenzará a implementar,o al menos se anunciará, la mejora que por ahora estudia el Ejecutivo en cuanto al impacto del Impuesto a las Ganancias. Aún no hay decisión definitiva sobre el camino que se adoptará, pero será seguramente alguna de estas dos alternativas: un incremento gradual de los mínimos no imponibles actuales (medida que impulsa De Vido) o la aplicación de más gastos para poder deducirlos de la declaración mensual del impuesto (elección de la ministra de Economía, Felisa Miceli). Cualquiera de las dos medidas involucraría a más de 400.000 trabajadores en relación de dependencia, mejorando su poder adquisitivo de manera escalonada, lo que implicaría una presión inflacionaria controlada.

  • Para el segundo semestre, y cuando la inflación de 2007 comience a estar definida, podrían aplicarse también de manera gradual incrementos salariales. Las alzas deberían comenzar a aplicarse, en lo posible, desde agosto o setiembre, y no deberían superar el aumento de los precios. Como se espera desde el gobierno que este índice no supere 12% en el año, ése podría ser el tope de los incrementos.

  • Sólo los sectores que no tuvieron alzas salariales podrían superar ese porcentaje, pero en ningún caso alcanzar una mejora superior a 20%; también para mantener el control inflacionario. En este grupo se incluyen los empleados públicos, que según los datos del índice oficial del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que prepara mensualmente el INDEC, desde la salida de la convertibilidad tuvieron una mejora promedio de 30%, cuando la inflación acumulada desde entonces fue de 70%.

    Presupuestariamente no está en los cálculos ningún tipo de mejora, pero dependiendo de la evolución de las cuentas fiscales, el gobierno estaría dispuesto a discutir este capítulo recién en los últimos meses del año.
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