10 de julio 2001 - 00:00

Ofrecen hoy a provincias un bono federal

Ofrecen hoy a provincias un bono federal
Los gobernadores del PJ se reunirán hoy a las 17 en la sede del Consejo Federal de Inversiones para discutir la creación de un bono federal para encarar algunos gastos de sus administraciones, como el pago a proveedores. Fue la propuesta que les llegó informalmente desde el gobierno nacional, donde Chrystian Colombo y Domingo Cavallo vienen examinando maneras de enfrentar la crisis de financiamiento que afecta a la Argentina en todas sus jurisdicciones, es decir, Nación y provincias.

La reunión del peronismo excederá el campo meramente técnico: discutirán también del compromiso de «unidad nacional» al que viene convocando el gobierno y que, paradójicamente, debería haberse firmado ayer en Tucumán si el enfrentamiento con los jefes provinciales del PJ, hace 15 días, no hubiera congelado las transacciones. De todos modos, De la Rúa aprovechó ayer el acto central del Día de la Independencia para formular un nuevo llamado en el marco de un requerimiento más urgente al ajuste fiscal. «Les digo especialmente a los señores gobernadores de todas las provincias, a los representantes de todos los sectores de la política que los convoco a la mesa donde se resuelven los problemas de la Patria», dijo el Presidente.

• Vaguedades

Cuando se indaga la estructura de la racionalización que se quiere alcanzar, las respuestas son vagas. Es lógico: las conversaciones con los peronistas todavía son preliminares y, además, el gobierno no tiene estudiado a fondo por dónde debe pasar el recorte. Sin embargo, hay algunas premisas que ya están establecidas. En principio, los funcionarios nacionales se quejan de que no haya sido festejada la decisión de recortar gastos por 1.600 millones de pesos que se adoptó la semana pasada para todas las jurisdicciones. «En un par de días se dispuso una baja anual de 1.600 millones y eso parece no haber sido advertido. Nada más que Buenos Aires se comprometió a reducir gastos por $ 1.000 millones, de los cuales $ 500 millones deben suprimirse antes de fin de año», repiten en la Jefatura de Gabinete y en el Palacio de Hacienda.

Sin embargo, lo que dijo De la Rúa va en la línea de un ajuste futuro, que es lo que deben discutir los funcionarios con los gobernadores. Apenas se revisa el presupuesto nacional, se advierte que el problema sigue estando en el régimen previsional, que querrá de nuevo discutirse con los mandatarios provinciales. Entre ellos ya se esgrimen argumentos preventivos. Un gobernador del PJ manifestaba ayer ante este diario que «las provincias ya se hacen cargo del sistema previsional, porque le ceden recursos de manera sistemática: a las cajas jubilatorias van fondos del IVA, Ganancias, impuesto a la renta presunta, etcétera. Es imposible seguir exigiéndoles a las provincias que aumenten esa participación».

Los peronistas prefieren replicar con denuncias sobre el crecimiento del gasto que, según ellos, produjeron los radicales en lo que va del actual mandato. En el CFI se leerá un informe, según el cual, un ex ministro de De la Rúa hizo que se incorporaran a la ANSeS 1.000 empleados nuevos, que al PAMI se agregaran 500 en el último mes (al parecer, en relación con la interna radical de la provincia de Buenos Aires); y que el mismo ex ministro produjo nombramientos en el Ministerio del Interior para ocupar 400 cargos. A partir de estas cifras -que, en realidad, ilustran con un solo caso un desbarajuste que podría estar más extendido-, los gobernadores querrán demostrar que, si hay desborde, no debe ser buscado en las provincias; al menos, no exclusivamente.

Además de estos ataques, los peronistas que se reunirán hoy intentarán prevenirse respecto de algunas ocurrencias que aparecen y desaparecen en las reuniones con funcionarios de Hacienda. Una de ellas es que sean las provincias las que en adelante se hagan cargo de pagar el incentivo docente, un compromiso que supone $ 600 millones por año. Debe recordarse que el actual gobierno eliminó el impuesto de asignación específica que se había establecido -para cumplir con estos pagos a maestros- durante las postrimerías de la gestión de Carlos Menem y quedó a cargo, lisa y llanamente, de rentas generales. El pago del incentivo requiere $ 600 millones anuales que, sospechan algunos gobernadores, será un ahorro que la Nación querrá hacer «a costa nuestra».

Como se desprende de lo anterior, apenas hay escarceos en la relación Nación-provincias. Los mandatarios del PJ deberán unificar hoy su postura y, recién entonces, estarán en condiciones de reunirse con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía para determinar cómo se cumplirán las palabras del Presidente convocando al ahorro.

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