Pago parcial al Fondo para dilatar acuerdo

Le cedería 1.000 millones de dólares sobre los 2.900 millones que vencen el 9 de setiembre. El gobierno no quiere firmar acuerdos que le puedan afectar las elecciones en el país a partir del domingo próximo y, sobre todo, en setiembre. Aspira a consolidar su poder aunque la demora significa encarecer la refinanciación para la Argentina porque está aumentando la tasa internacional y se recupera la economía global tras una dura recesión. Ayer, el índice Dow Jones marcó el mayor nivel en los últimos 14 meses. Comienzan 12 elecciones provinciales en 30 días y eso obsesiona al gobierno.

El director gerente del FMI, Horst Köhler, le contestará esta semana al ministro de Economía, Roberto Lavagna, si acepta la demanda argentina de un bajo nivel de superávit para el período 2004-2006. Según la propuesta del equipo económico, este nivel debería mantenerse fijo en 3% del PBI en los próximos tres años, mientras que el staff del organismo propone que arranque en 3,5% en 2004 para crecer a 4% en 2005 y llegar a 4,5% en 2006.

Köhler regresó ayer de sus vacaciones por Alemania y lo propio hicieron otros miembros del organismo, como la número dos del organismo, Anne Krueger y el director del departamento occidental, Anoop Singh, que serán claves para destrabar el acuerdo. A partir de hoy están previstos encuentros con los negociadores que estuvieron dos semanas en la Argentina para negociar varios temas que quedaron pendientes de resolver.

La cuestión del superávit es la más importante, porque del esfuerzo fiscal que se le exija al gobierno de Néstor Kirchner dependerá la política de gastos (por ejemplo en cuestiones sociales) que se defina a partir de 2004.

•Tema vital

Obviamente, se trata de un tema vital para determinar cuánto se ahorrará anualmente para pagar la deuda a los acreedores argentinos que hoy tienen bonos en default.

Tal como informó Ambito Financiero, una de las condiciones para seguir las negociaciones (en los próximos días vía telefónica y mail) es que el gobierno se comprometa a pagar el vencimiento de u$s 2.900 millones que cae el 9 de setiembre. El propio Lavagna preparó el terreno en esta dirección al solicitarles a diputados justicialistas que aprueben «urgente» la reforma a la Ley de Entidades Financieras del BCRA, que incluye una financiación adicional de $ 5.000 millones a favor del Tesoro. El dinero (equivalente a unos 1.700 millones de dólares) sería utilizado para cumplir con una parte del pago (u$s 1.000 millones) y evitar la posibilidad de un nuevo default, en caso de que no se llegue a ese momento a cerrar formalmente el acuerdo.

Otros temas que incluye el borrador de la Carta de Intención que el staff del FMI llevó a Washington, aún muy incompleto, son los siguientes:

• Renegociación con privatizadas: se impulsa la rápida aprobación en el Congreso para que el Ejecutivo se encargue de revisar cada contrato. Aunque no figuraría un compromiso expreso en el acuerdo final de aumentos tarifarios (como reclamó de entrada el Fondo), el equipo económico ya reconoció que las tarifas de luz y gas deben ser incrementadas antes de fin de año, aunque de manera segmentada. El resto de los servicios no entrará en la agenda hasta bien entrado el año 2004. Reforma tributaria: habrá un fuerte hincapié en la lucha contra la evasión, a través del paquete ya presentado en el Congreso y uno nuevo que está en plena elaboración. Recién cuando esta ofensiva dé resultado se avanzará con la reducción de impuestos distorsivos, en particular las retenciones a las exportaciones y a la transferencia financiera (conocido como el impuesto al cheque). Pero serán disminuciones graduales, que recién podrían darse a partir del segundo semestre de 2004, si se cumple holgadamente con el superávit previsto.

• Reestructuración del sistema financiero: es otro de los puntos de fuerte conflicto. El FMI sigue reclamando medidas mucho más enérgicas para controlar la situación de la banca pública. Tanto el Nación como el Provincia están recién avanzando con la elección de auditores, pero aseguran que se trata de decisiones «no vinculantes». Además, el staff del organismo sostiene que será necesaria una fuerte inyección de fondos para reestructurar el sistema, con lo que no alcanzan los $ 700 millones que tiene SEDESA, el sistema de seguros de depósitos que también actúa como «hospital de bancos». Pero el Banco Central sostiene que el cálculo está sobreestimado y que si es necesario salir a socorrer a alguna entidad no tendrá mayor costo fiscal.

• Coparticipación federal: Lavagna se salió con la suya en este punto y consiguió que la nueva ley a discutir esté lista recién para 2005. Se esperará, primero, que terminen las elecciones en las provincias para arrancar en 2004 las discusiones respecto de cómo deben repartirse los impuestos entre Nación y las provincias, lo que insumirá todo el año próximo.