En la primera mitad de 2021, se registraron cerca de 2.600 millones de pagos electrónicos minoristas. Las transferencias inmediatas (ya sea para enviar dinero entre personas o como herramienta de pagos comerciales) crecieron más de un 100% y las billeteras o medios de pago digitales se incrementaron exponencialmente, luego de un 2020 signado con la pandemia de covid-19.
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Aun así, se estima que en la República Argentina 8 de cada 10 pagos se realizan en efectivo. Esto se presenta como una problemática importante de política pública, ya que atenta contra la inclusión financiera de la mayor parte de la población, profundiza la informalidad en muchos sectores de nuestra economía y le quita competitividad encareciendo el costo que el sistema de pagos tiene para el Estado Nacional y para el sector privado.
La lucha contra el efectivo lleva años en la agenda del Banco Central. Desde el año 2011, con la instauración de las transferencias inmediatas, nuestra autoridad monetaria impulsa diversos proyectos que promueven la digitalización de las transacciones, que facilitan el acceso irrestricto al sistema bancario a todas las personas y que modernizan el ecosistema de pagos para hacerlos más seguros y eficientes.
En los últimos años, la irrupción de nuevas tecnologías transformó el sistema bancario y financiero en la mayoría de las economías mundiales. Desde billeteras virtuales o proveedores de pago electrónicos por parte de nuevos actores, como las respuestas digitales de las compañías tradicionales, cambiaron la forma y la dinámica de esta industria.
Argentina no fue la excepción. El crecimiento de los nuevos medios de pago, así como de los nuevos actores y tecnologías intervinientes, fue exponencial. En tanto, la gestión de gobierno anterior (2015-2019) dispuso una deliberada falta de regulación estatal. La política pública llevada a cabo implicaba la no imposición de la normativa existente para con el resto del sistema, brindando incentivos económicos y ventajas competitivas para el surgimiento de los nuevos medios. Esto produjo una concentración del mercado en pocos actores, la falta de estandarización de los sistemas (dificultando la interoperabilidad) y un escaso control estatal para la protección del usuario.
A partir de 2020, el nuevo gobierno realizó diversas iniciativas orientadas a promover el ecosistema de medios de pago, brindando nuevos esquemas e incentivos normativos que permitan el crecimiento potencial que esta industria tiene. La creación de un registro de empresas y un régimen informativo, la equiparación tributaria de los distintos actores y el ordenamiento de las distintas funciones dentro del sistema de pagos fueron el puntapié inicial.
En este marco, surge Transferencias 3.0, un nuevo esquema que amplía el universo y las herramientas para digitalizar los pagos en la economía argentina. Este proyecto es un nuevo marco regulatorio impulsado por el Banco Central que permite la interoperabilidad de los códigos QR (la tecnología con la cual se realiza gran parte de los pagos digitales actualmente), promoviendo la competencia e integración entre los distintos actores del sistema de pagos actual.
Transferencias 3.0 apunta a modernizar la lógica de la industria de pagos, al facilitar al usuario el acceso a través de cualquier billetera digital a todos los códigos QR. Esto hará que las compañías deban innovar y mejorar sus prestaciones para competir por sus clientes, generando externalidades de red para todo el sistema. Además, fija una comisión máxima para los comercios y dispone la acreditación inmediata de los fondos, mejorando las condiciones con las que operaban actualmente y haciendo cada vez más parecido para los comerciantes el pago digital al uso del efectivo. En este sentido, esta iniciativa tiene como objetivo primordial reducir ese 80% de pagos en efectivo que aún hoy ostenta nuestra economía y sobre el cual se tiene todo por avanzar.
Transferencias 3.0 es un proyecto que traza por primera vez un camino hacia la interoperabilidad de los medios de pago, expande el alcance de los pagos digitales y promueve la competencia y la innovación de la industria. Trasferencias 3.0 favorece la competencia, genera incentivos adecuados y promueve un Estado inteligente en su rol de regulador, es decir, es una buena iniciativa de política pública.
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