A fin de mes y durante una semana ingresará en el Congreso el «paquete Lavagna», que puede requerir 20 leyes a sancionar. Incluye las promociones anunciadas de mínima relevancia por $ 300 millones para sectores elegidos por el ministro. Otras son peligrosas: igual pena -menos prisión- para evasión previsional e impositiva contra el empleo en negro, que puede traer más desocupación. Fueloil importado, sin impuestos.
Roberto Lavagna acordó ayer con los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el envío de un paquete de leyes que comenzará dentro de 15 días y que comprende desde la sanción del régimen de promoción ya anunciado por el ministro y la nueva ley antievasión, hasta eximir del pago del impuesto a los combustibles a la importación de hidrocarburos, y aumentar el Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones más altas, dentro de las que están las conocidas como «de privilegio». El ministro mantuvo un encuentro con las cabezas de Presupuesto y Hacienda de Diputados para acordar un cronograma de los proyectos que el gobierno comenzará a enviar al Congreso y en la misma reunión se terminó de acordar que no habrá delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo decida qué sectores pagarán IVA, dentro del proyecto que establece derogar ese beneficio para aquellos a quienes les haya sido otorgado por normas especiales fuera de la ley del tributo y al mismo tiempo pide poderes especiales para restablecer algunas, como adelantó ayer Ambito Financiero. Se comenzará a debatir también el proyecto de desarrollo general del empleo, que presentó el jujeño Carlos Snopek, jefe de la Comisión. En total, los diputados deberán sancionar tres paquetes de leyes:
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• El ministro comenzó informando a los diputados la situación actual del primer paquete que se enviará al Congreso: las 21 medidas del modificado y diluido plan de reactivación que Lavagna lanzó hace casi dos semanas en Cariló.
Se definió que casi la totalidad de ese plan deberá sancionarse por ley. Allí se incluirá la devolución de IVA por la compra de bienes de capital, con un costo estimado en $ 300 millones, que se combinará con la amortización acelerada de las inversiones, para lo que se necesita que el Congreso modifique el Impuesto a las Ganancias.
No podrán acceder a ese beneficio las empresas que hayan iniciado juicios contra el Estado por haberles prohibido el ajuste por inflación de sus balances después de la devaluación o, para tenerlo, deberán renunciar a esos reclamos.
• Lavagna les informó a los diputados que el gobierno, no Economía, está redactando un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto a la transferencia de combustibles a los hidrocarburos importados, como es el caso de las compras de fueloil que se programaron al exterior. El costo fiscal de esta medida todavía no fue calculado, pero sería informado al Congreso la semana próxima. Junto con esa medida se anunció que se van a revisar los subsidios al gasoil que benefician a los medios de transporte, estableciendo una reducción para las empresas que hayan trasladado aumentos al boleto, como media y larga distancia, cuando al mismo tiempo gozan de un subsidio estatal.
• También se enviará el segundo paquete antievasión que, se confirmó, atacará los sectores de Aduana y sistema previsional. Economía promueve en este caso que se equiparen las sanciones por incumplimientos previsionales con las que se aplican para evasión en el sistema impositivo. No se habla de aplicar un régimen penal, pero sí de equiparar multas y penalidades.
• Se modificará el Impuesto a las Ganancias para reducir la deducción especial para el caso de las jubilaciones de montos más altos. Aquí se incluirán los regímenes especiales. El efecto será una baja de esos beneficios previsionales sin tocar el monto de las jubilaciones, algo que los últimos gobiernos intentaron sin éxito por vulnerar derechos adquiridos.
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