El gobierno podría subir a aproximadamente $ 8.000 mensuales el tope salarial de $ 3.000 que rige hoy para los funcionarios de la administración pública que fueron nombrados políticamente. El nuevo nivel de remuneraciones sería equivalente al que hoy perciben los funcionarios con el cargo de directores nacionales, y se aplicaría para el Presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Aún resta definir, y será una decisión personal de Néstor Kirchner, si los aproximadamente 8.000 pesos mensuales que pasarían a cobrar todos estos funcionarios serían ingresos por «todo concepto» o remunerativos. La diferencia es importante, ya que en el primer caso impide percibir cualquier tipo de ingresos extra, como viáticos y asignaciones; mientras que si se tratara de una remuneración máxima, esos ingresos no estarían prohibidos.
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El gobierno ya tiene así prácticamente definida la eliminación del tope de los 3.000 pesos mensuales que impuso en su momento la efímera gestión de Adolfo Rodríguez Saá cuando reemplazó a Fernando de la Rúa, y elegiría el momento más adecuado para presentarla en sociedad, ya que antes de tomarla esperará a conocer el impacto que tendría sobre la opinión pública.
La restricción rige hasta hoy. Sin embargo, legalmente el gobierno tendría hasta casi fin de abril para modificarla, ya que sólo se tiene que anticipar a las liquidaciones de los salarios de ese mes que se realizarán en la última semana. Ayer se aclaraba dentro del Ejecutivo, entre los funcionarios que defienden el alza, que este incremento no implica un arrastre en todos los salarios públicos sino únicamenteen los que fueron designados políticamentey que cesan en sus cargos cuando terminala gestión presidencial o renuncian voluntaria o involuntariamente.
• Alcance
La decisión que en su momento tomó Rodríguez Saá se había hecho extensiva originalmente a toda la administración pública nacional, cuyos salarios llegaban hasta los $ 10.000 mensuales. La medida fue luego prorrogada por Eduardo Duhalde durante la gestión de Jorge Remes Lenicov, mientras se preparaba la «pesificación asimétrica». En ese momento se decidió dejar fuera del tope a los empleados públicos de la planta permanente y a los diplomáticos, por lo cual sólo alcanzó a los funcionarios políticos.
Existía en ese momento el temor a que el grueso de la administración pública se presentara judicialmente y demandara al Estado por la reducción salarial, amparándose en el artículo 14 de la Constitución nacional; cuestionamiento que luego fue avalado por la Corte Suprema cuando falló a favor de los trabajadores ante la rebaja de 13% en los salarios que había decidido Domingo Cavallo.
Ayer, oficialmente, comenzaron a conocerselas primeras protestas por la vigencia del tope de 3.000 pesos mensuales. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo claramente: «No estoy de acuerdo con la medida», y que no tiene «ningún tipo de ventajas» adicionales en su salario, como viáticos o vales de combustible, y argumentó que le resulta muy difícil vivir con los 3 mil pesos que le corresponden.
