Kirchner volvió a encontrar ayer en Rodríguez Zapatero al líder internacional más solidario con su gestión. Sea porque el capitalismo español «enterró» en la Argentina miles de millones de euros, por una brumosa simpatía ideológica o por los consejos del rey Juan Carlos I («a Kirchner, que es muy difícil, hay que ganarlo con el cariño»). Lo cierto es que el mandatario europeo ofreció de nuevo un apoyo llamativo al gobierno argentino. Durante una hora y media de reunión, le dijo al Presidente que hasta haría una gestión para que las empresas de su país retiren las demandas contra la Argentina en los tribunales arbitrales del Banco Mundial (CIADI). Es cierto, también hizo que su ministro de Industria le explique a Kirchner que son los accionistas, en general fondos de inversión norteamericanos, los que pretenden ir a juicio. La suspensión de las acciones en el CIADI fue la principal demanda de Kirchner a su huésped. El Presidente agradeció también el compromiso español, expresado nuevamente, para que la propuesta de salida del default sea mejor aceptada. Kirchner le dijo que «del mercado local ya entró 50%, pero del exterior es imposible saber nada por ahora». En los discursos también hubo cordialidad. Y un detalle del santacruceño: para los que le reprochan respeto de las reglas de la economía aclaró: «Yo no soy el responsable ni de la convertibilidad, ni del default, ni de la devaluación, ni de la pesificación, ni del 'corralito'», que enumeró como si fueran plagas.
Kirchner puso el ejemplo de Telefónica y de Edesur, dos compañías que recurrieron a ese foro para que se respeten los tratados de protección de inversiones en el marco de los que participaron en licitaciones argentinas. El jefe del gobierno español no dijo ni sí ni no. Elegante, miró hacia su ministro de Industria, Turismo y Comercio, el hábil José Montilla, quien explicó: «No siempre se pueden eludir los pleitos porque los gerentes y ejecutivos deben dar explicaciones a los accionistas de las empresas». Montilla no fue más allá, para relatar que la mayoría de las compañías de gestión española son, en realidad, de capitales estadounidenses, organizados en fondos de inversión.
El problema de los juicios que se siguen en el CIADI preocupa especialmente a Kirchner. En lo material, él cree que no se verá dramáticamente afectadoen su gestión: si bien el país obtendría resultados adversos de todos los arbitrajes, los bienes en condiciones de ser incautados no están a disposición de los acreedores. Pero desde el punto de vista formal, la perspectiva es lamentable: no sólo porque obliga al gobierno a actuar de mala fe, ocultando su patrimonio, sino porque los países cuyas empresas se ven defraudadas no pueden apoyar a la Argentina en ningún foro en el que se discutan condiciones internacionales. Por eso la presión para que se retiren las demandas es tan fuerte, como se notó ayer en la reunión de presidentes.
Zapatero parece seguir con Kirchner el consejo del rey Juan Carlos I: «Lo mejor que podemos hacer con el gobierno argentino es apoyarlo, ganarlo por el afecto». Casi un cariño preventivo. Por eso ayer, en la reunión de la Casa Rosada, no hizo alusión alguna a lo que sería la contrapartida de una retirada de las empresas españolas del CIADI: la normalización rápida de todos los contratos, que supone el ajuste de tarifas. Si el líder del PSOE no planteó el problema fue por dos razones. Primero, ya Alberto Fernández (presente en el encuentro) le había dado garantías al respecto en su último viaje a España. Segundo, estas « materialidades» se conversaron ayer en otros niveles. Por ejemplo, el del asesor económico de La Moncloa, Miguel Sebastián, con Roberto Lavagna o el de Montilla con Julio De Vido. Allí sí se analizó detalladamente la crisis que rodea al caso Aguas Argentinas, una empresa de capitales franceses, pero también españoles. Igual que la demanda en el CIADI que lleva adelante Telefónica (aunque el despliegue que le dio la prensa fue explicado ayer en la Casa Rosada como una «operación propia de la guerra mediática», en relacióncon que esa empresa es propietaria de medios de comunicación en el país) o Edesur (controlada por Endesa).
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