Para burlar la ley de pesca nacional, una empresa española cedió sus activos a una argentina para seguir pescando en el caladero argentino conservando sus permisos y cuotas de captura.
El engaño de las pesqueras extranjeras para operar en el país
Una empresa española cedió sus activos a una firma argentina para seguir pescando en el mar argentino, conservando sus permisos y cuotas de captura.
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Estrella Patagónica S.A. posee buques congeladores arrastreros y tangoneros que capturan, elaboran y conservan productos finales en altamar, y barcos fresqueros artesanales.
Este es una de esos casos donde encaja perfectamente la frase “hecha la ley, hecha la trampa”. De lo que se habla es de cómo una empresa extranjera burla las reglas nacionales para seguir usufructuando con recursos del país.
La Ley Nacional de Pesca en su artículo 27 bis establece que los operadores pesqueros nacionales y/o provinciales deben declarar bajo juramento que no tienen vínculo con empresas pesqueras que realicen pesca ilegal (sin autorización) y eso incluye a aquellas firmas que trabajan en zona de exclusión, ilegalmente establecida por el Gobierno británico alrededor del archipiélago.
Parece ser que esta ley no se aplica en este ejemplo. Pescapuerta es una empresa española que en 1996 desembarcó en Puerto Madryn, con su filial argentina dedicada a la actividad pesquera. Con los años fue creciendo su participación en el negocio y en el 2004 invirtió u$s12 millones para incorporar más barcos y una planta de reproceso en Ushuaia. Su representante de este lado del Atlántico era Buenaventura Lafuente Matos, como vicepresidente de la compañía.
Pero en el 2015, decidió ceder sus activos en la Argentina a la empresa Estrella Patagónica. El cambio de nombre quedó reflejado en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia de Chubut, el 19 de agosto de ese año, en que modificaron el artículo 1 de su estatuto social.
“La denominación de la Sociedad Anónima es 'Estrella Patagónica SA y es continuidad jurídica por cambio de denominación social de Pescapuerta Argentina SA', dice el acta que firmó la doctora Marlene Del Rio, en representación del Registro Público.
Con apenas un cambio de nombre Pescapuerta logró burlarse de la ley, operar en Malvinas, conservar sus beneficios y facturar millones de dólares en estos cinco años. Todo esto a la vista de todas las autoridades, sin que la Subsecretaría de Pesca o Consejo Federal Pesquero objetaran tal maniobra
Si hubiera una decisión política de hacer cumplir la ley existente, los permisos de pesca, cuotas y autorizaciones de captura de Pescapuerta/Estrella Patagónica deberían caducar inmediatamente. El Gobierno ha fijado en la lucha contra la pesca ilegal en inmediaciones a la milla 200 uno de sus objetivos primarios de gestión pesquera.
Es esperable que este no sea el mensaje que las autoridades nacionales quieran dejar, y que finalmente estudien esta situación irregular y actúen en consecuencia para cuidar y proteger a las empresas pesqueras nacionales.
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