Los amparos pagados entre 2002 y 2006 suman $ 23.000 millones. De ese total, $ 13.300 millones corresponden al depósito pesificado a $ 1,40 más CER, más los intereses.
El «goteo» por causa de amparos cayó sustancialmente en 2006. Los bancos sólo tuvieron que pagar $ 528 millones por 9.370 medidas cautelares presentadas por ahorristas ante la Justicia. La cifra abarca hasta setiembre, pero aun así está muy lejos de los $ 13.600 millones que se habían ido de los bancos por esta vía en 2002 o de los $ 5.000 millones de 2003.
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Una posible decisión de la Corte Suprema de declarar la constitucionalidad de la pesificación cortaría definitivamente este drenaje y futuras presentaciones judiciales por parte de los ahorristas. Al contrario, habilitaría a los bancos a reclamar el dinero que pagaron «de más» a sus clientes por haber devuelto al tipo de cambio vigente en vez de hacerlo a $ 1,40 más CER más 2% de interés anual (aproximadamente $ 2,85 al valor actual) como se estableció a través de un decreto en 2002.
La cifra en juego que podrían reclamar los bancos es multimillonaria: asciende a $ 9.700 millones. Surge de información que elabora el propio Banco Central, que publica mes a mes la marcha de los amparos desde 2002. De estos datos surge que los bancos pagaron un total de $ 23.000 millones en concepto de amparos, en un total de 332.000 casos. Pero el capital más la actualización del CER arroja una suma de $ 13.300 millones, por lo que el resto es la diferencia del tipo de cambio.
El presidente de banco Credicoop, Carlos Heller, dio ayer alguna pista de qué podría ocurrir el día después de la decisión de la Corte: «Por supuesto hay que esperar el fallo. No iríamos atrás de los clientes chicos, pero sí pediríamos la diferencia a grandes empresas que se llevaron el dinero a través de amparos».
Incógnita
Este era el espíritu del fallo de Eugenio Zaffaroni en el «Caso Bustos», cuando definió que en los depósitos menores a u$s 70.000 corresponde la devolución en moneda extranjera, pero no así para las sumas que estén por encima de este nivel. Aquella decisión de 2004 no frenó en realidad las demandas judiciales ni las posturas favorables de gran cantidad de jueces tanto en primera como en segunda instancia.
Por supuesto, ahora la incógnita es si los jueces de instancias inferiores respetarán la decisión de la Corte, que consideraría los reclamos de inconstitucionalidad de la pesificación como una « cuestión abstracta». Por lo tanto, la devolución de los depósitos pesificados no sería un avasallamiento de los derechos de propiedad.
Fabián Bergenfeld, presidente de la Asociación Civil para la Defensa Ciudadana, advirtió que «los bancos podrían considerarse con derecho a reclamar el reintegro de las diferencias pagadas a parte de los amparistas, a pesar de tener estos derechos irrevocablemente adquiridos, con lo cual habría un nuevo escándalo jurídico».
