El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, solicitó ayer a la Justicia el primer embargo de cuentas bancarias, en este caso de la empresa Metrovías, a la cual le reclama una deuda superior a los 14 millones de pesos.
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La solicitud se realizó en el marco de la nueva modalidad prevista por la reforma del Código Fiscal provincial. Si el juez resuelve a favor de la provincia en la demanda iniciada contra el contribuyente, se podrá iniciar la transferencia de fondos en forma total o parcial desde la cuenta del privado hacia el Estado.
El pedido de inhibición de bienes, de prosperar, alcanzaría también a varios directores de la compañía. De todos modos, el tema deberá ser resuelto ahora por el tribunal fiscal de apelaciones de la provincia de Buenos Aires.
Metrovías es la concesionaria de los subterráneos, el premetro y el ex ferrocarril Urquiza. Está a cargo del servicio de trenes que une la estación Chacarita con el partido bonaerense de San Miguel.
La medida forma parte de la avanzada del funcionario del gobierno de Felipe Solá contra particulares y empresas que mantienen deudas con el fisco bonaerense.
En el caso de Metrovías, se trataría de un viejo reclamo de la provincia por una deuda del Impuesto a los Sellos, que la concesionaria sostiene que no debe pagar. De concretarse, la empresa se convertiría en la primera en sufrir las consecuencia de los superpoderes que recibió Montoya de parte de la Legislatura bonaerense y que, tras una serie de recursos de amparo en su contra -que todavía no resolvió la Corte bonaerense-, tuvieron que ser readaptados para aplicarse en territorio provincial. Esta semana, la Dirección de Rentas bonaerense comenzó a recibir información sobre los montos que estarían depositados en las cuentas de cientos de particulares y empresas que tienendeudas con el fisco, cuyo total superaría los $ 1.000 millones.
«Es plata que estamos reclamando hace años y puede ser que de 180 mil casos haya unos 200 con situaciones especiales, pero en 99,7% son deudores reales», dijo Montoya.
En la provincia sostienen que el resto del dinero adeudado probablemente entre en proceso judicial, ya que se trata de un grupo de morosos que no ingresaría en propuestas de pago. «Sobre los 60 mil grandes deudores, unos 11 mil tenían direcciones erróneas o falsas en el fisco», indicaron fuentes de la dependencia que dirige Montoya.
Por su parte, respecto del veraz impositivo-tributario que comenzará a regir próximamente en la provincia, Montoya manifestó que «la idea es ofrecer información de cumplimiento tributario en la provincia, en un link a través de la central de riesgo del Banco Central».
