La lista de reformas al anteproyecto de compromiso fiscal que ayer por la tarde le enviaron los gobernadores justicialistas al gobierno como condición para la firma, contiene algunos clásicos que el PJ exige desde que se presentó el proyecto de presupuesto para el año 2001 y una lista de reclamos que habilitarían una transferencia de casi todos los instrumentos «políticos» con que hoy cuenta el gobierno. La discusión sobre si esos pedidos aumentarán o no el costo fiscal fue el tema de todo el día. Por la tarde, Chrystian Colombo lo explicó en un fax rechazando las exigencias de los gobernadores peronistas y luego declaró: «Somos suficientemente responsables para no aceptar propuestas inadmisibles que incrementarían el gasto a tal nivel que harían explotar el plan económico. Pese a que hay urgencias no vamos firmar cualquier cosa», dijo.
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Lo cierto es que dentro de las medidas que el PJ pide como condición para la firma son más los requerimientos de tono político, transferencia de planes sociales y de empleo al control de las provincias, que los que tienen un verdadero impacto fiscal:
La lista de pedidos del PJ comienza con la creación de un plan federal de empleo a constituirse con los fondos que hoy destina el Ministerio de Trabajo a programas de ese tipo. La idea no es otra cosa que derivar esos fondos al control de las provincias tomando como base los $ 200 millones que se incrementaron para ese fin en el presupuesto del próximo año. Con esta medida, que supuestamente no tendría costo fiscal extra, se trasladaría a las provincias todo el control y distribución de los planes Trabajar y quedaría fuera de operación el resto de los programas de ese tipo que hoy maneja Trabajo.
Reclamo
Otro ministerio que vería liquidados sus programas es el de Asistencia y Desarrollo Social. En este caso los gobernadores piden la unificación de todas las acciones del ministerio en un plan de lucha contra el hambre, controlado también por las provincias, a los que habría que sumarles otros $ 200 millones provenientes del remanente de la recaudación destinada a integrar el fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Este es un reclamo que los peronistas vienen sosteniendo también en el debate presupuestario. Allí proponían financiar la eliminación de los recortes en los subsidios a provincias con estos $ 200 millones que el gobierno recibe de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y un punto de IVA, además de una derivación de combustibles. Según ese cálculo, el Ministerio del Interior sólo distribuye $ 150 millones cuando la recaudación para ATN suma en total casi $ 350 millones. El justicialismo apunta a unificar bajo las provincias el Programa Alimentario y de Apoyo Familiar, el Promeba, Prosofa y el plan Solidaridad -hoy el programa madre de Desarrollo Social-que en conjunto suman recursos por más de $ 124,5 millones.
En el caso del Seguro de Desempleo para quienes hayan perdido su empleo en el último año, que el Frepaso también pidió ayer pero con financiamiento presupuestario por $ 1.000 millones, los justicialistas derivan la creación a la obtención de créditos internacionales, específicamente del Banco Mundial.
También exigen la creación de un nuevo pacto federal educativo. Aquí le piden a la Nación el giro de los fondos comprometidos a las provincias para concreción del acuerdo educativo existente, pero en realidad encubre también una queja presupuestaria.
El acuerdo federal de infraestructura que piden los gobernadores del PJ no significaría en realidad una suba en el gasto, sino que establece la obligación de la Nación de llevar adelante las obras, dentro del plan federal de infraestructura, que piden los ministros de Obras Públicas de cada provincia y no el cronograma establecido por el gobierno.
