Plan de obras: Lavagna lo daría a empresas el jueves

El ministro Roberto Lavagna, almorzará el jueves con los principales directivos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Allí, se espera, esbozaría cuál será el plan de obras públicas con el que el futuro gobierno espera reactivar la economía. Es que hasta ahora, y a pesar de versiones y anuncios semioficiales, los hombres del sector siguen sin saber a qué atenerse con relación a un tema en el que les va la vida de sus empresas.

Hace un par de meses, y en plena campaña electoral, la CAC le entregó a casi todos los candidatos un denominado «Plan Posible», que preveía obras públicas por un monto cercano a los $ 6.000 millones en el primer año del futuro gobierno. Curiosamente, el único que no recibió el plan en mano fue el propio Kirchner, que delegó esa tarea en su vice Daniel Scioli.

«Todavía no sabemos si el plan del gobierno se basa en el 'Plan Posible', que nos parece razonable para la actual coyuntura del país», dijo Aldo Roggio, CEO del Grupo Roggio y vice 1° de la CAC. «Creemos que se puede pasar del actual 0,7% del PBI en obras públicas a 2,4% en cuatro años». El «Plan Posible» habla de duplicar la inversión de 2001, lo que llevaría el gasto en ese rubro a los mencionados $ 6.000 millones.

¿Cómo se llega a esa cifra? Según Munir Madcur, vice 2° de la entidad, «hay fondos no utilizados, otros como los impuestos específicos (a la nafta y el GNC, al gasoil), los subsidios para corredores viales, que deberían ser recanalizados. Con eso se llega a $ 2.500 millones».

• Créditos otorgados

Pero además, dice Roggio, «hay unos u$s 1.000 millones en créditos otorgados por el BID y el Banco Mundial, que no se instrumentan porque falta que el Estado argentino ponga su parte, que fluctúa entre 20% y 40% de las obras a financiar». Esos créditos, hay que recordarlo, devengan a favor de los organismos internacionales una «comisión de compromiso» de 0,7% anual, lo que significa que al margen de que no se los utiliza, le cuestan al país u$s 7 millones al año.

A esas cifras, dice Madcur, deberían agregarse inversiones que harían las AFJP, «sobre todo en edificios para clase media y media alta, con un riesgo muy acotado». Pero eso, admite, «no sucederá antes de que se vean señales claras de estabilidad».

Un colega de Roggio y Madcur, que pidió confidencialidad, aseguró que «esa plata no está: podrían hacerse obras por $ 2 o 3 mil millones, pero creo que de ninguna manera hay fondos para triplicar o cuadruplicar esa cifra». El empresario agrega que «tenemos que arreglar con el Fondo y los acreedores externos, y después de eso no quedará demasiado para invertir en obra pública. Distinto sería si 50% del costo de una obra no fueran los impuestos: el gobierno debe elegir entre no cobrar por algo que no se hace, o no cobrar por algo que sí se hace, pero genera cargas sociales, reactivación, efecto multiplicador...».

El «modelo 2003» del plan de la CAC es en realidad la «n» versión de un cúmulo de intenciones de los constructores, reiterada casi incansablemente en el último lustro. La primera fue el «Plan XXI», durante el gobierno de Carlos Menem, pensado como una alternativa al «Plan 10» de Guillermo La ura, que proponía construir 10.000 km de autopistas en 10 años, con un impuesto al combustible.

Después vinieron tres versiones diferentes del denominado «Plan de Infraestructura», dos de ellas en el gobierno de Fernando de la Rúa que anunció su puesta en marcha pocas semanas antes de tener que abandonar la Casa Rosada. Finalmente, el «Plan Posible» que sería la base de lo que está pensando hacer Kirchner.

«En lugar de hacer una gran obra nos parece mejor hacer muchas obras en muchas partes diferentes», dice Roggio. El plan prevé la construcción de unas 60.000 viviendas sociales al año, obras hídricas para recuperación de tierras inundadas, vías navegables, hospitales y escuelas. Según la CAC, pasarían en un plazo difícil de determinar de los 100.000 puestos de trabajo que ofrece el sector hoy a un número cercano a los 500.000, el máximo que hubo a mediados de la década pasada.

Pero no sólo el financiamiento del plan quita el sueño a los constructores: también les preocupa el cobro de esas obras.