Encauzar la puja distributiva para que la reactivación se traduzca en más consumo y una menor pobreza

Economía

La crítica situación social como consecuencia de un escenario que tiene elevadísimas cifras de pobreza e indigencia pone de manifiesto que es clave instalar la puja distributiva como eje de discusión y debate, a partir de lo que ha sido la profunda regresividad en esta materia desde 2016 en adelante.

Hora de plantear los desafíos urgentes frente a la pandemia y la pesada herencia económica. La crítica situación social como consecuencia de un escenario que tiene elevadísimas cifras de pobreza e indigencia pone de manifiesto que es clave instalar la puja distributiva como eje de discusión y debate, a partir de lo que ha sido la profunda regresividad en esta materia desde 2016 en adelante.

Sería doblemente importante que, en forma urgente, los distintos espacios políticos que participarán de los próximos comicios se manifiesten en sus ideas y propuestas, ya sea para llegar a un rápido consenso o, si esto no es posible, despejar cualquier ambigüedad con la que se especule.

Uno de los principales objetivos de la política económica debiera ser que los ingresos de los argentinos crezcan en términos reales, es decir, que le ganen a la inflación. Si hay un imperativo que pudiese establecerse más allá del cuidado esencial que debe aplicarse vinculado a la pandemia y la necesidad de una administración pragmática de las divisas del BCRA, este debería ser la posibilidad de lograr un consenso vinculado a que nuestra economía está impulsada en su mayor parte por el consumo y que sin ese “motor”, no es posible incluir a todos los argentinos en el modelo económico. Una idea para que los distintos espacios políticos debatan puede ser la siguiente: la necesidad de que, de aquí en adelante, los incrementos salariales contengan, combinados, porcentajes y sumas fijas, por un plazo determinado no menor a tres años, y en dicho plazo, poner el salario mínimo registrado de cualquier actividad, (incluido el Salario Mínimo, Vital y Móvil) por encima de lo que marque la Canasta que sirve para determinar la línea de pobreza.

Hay un dato no menor que es necesario comprender. La reactivación en marcha estuvo iniciada de forma heterogénea en distintos sectores de la economía, sobre todo en la construcción y la industria, por lo que, sin una mejora en los ingresos reales de las familias, la maquinaria del consumo no se mueve, y si eso no ocurre, entonces se corre el riesgo de que la reactivación económica y el crecimiento no consoliden una mejora sustancial.

La Canasta Básica Total (CBT) de junio medida por el Indec se encareció 3,2% en cuatro semanas: una familia tipo necesitó $66.488 para no ser pobre. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, trepó 3,6%, por encima del aumento de los precios a nivel general. Por lo tanto, una familia “tipo” requirió $28.414 para no ser considerada indigente. El dato que debiera llamarnos la atención es que la erosión salarial no fue igual para todos: si bien en los últimos 12 meses la inflación trepó 50,2%, el costo de la canasta para que una familia no sea indigente subió 57,6%. Por otro lado, el costo de la canasta para que dicho hogar no sea pobre trepó 51,8% en el mismo período. Súmese a esto que el Indec no incluye un gasto muy importante para muchos hogares como es el del alquiler.

Precisamente es lo que está ocurriendo. La reactivación es un impulso que podría tener fecha de vencimiento si las familias argentinas no tienen ingresos suficientes para poder impulsar el consumo. La reapertura de paritarias y la rediscusión salarial son datos alentadores, pero así y todo podría no ser suficiente. Medido por el Indec, en el primer trimestre de este año los asalariados experimentaron una caída de casi 4 puntos en la distribución del ingreso (fue de 49,8% a 46,1%) respecto al primer trimestre del 2020, es decir, en términos interanuales. Al margen de cualquier discusión, esa caída se sumó a los casi 20 puntos porcentuales que se perdieron entre 2016 y 2019, es decir, durante el mandato del expresidente Macri.

Hoy, en promedio, los salarios incluso del sector registrado privado (los mejores salarios que paga la economía argentina) se encuentran lejos de poder afrontar el pago de esta canasta de consumos mínimos. Trabajadoras y trabajadores formales que al final del mes son, incluso para las estadísticas, oficialmente “pobres” y cuyo número ha ido en aumento.

Lo problemático es la dinámica que tiene lugar. El crecimiento económico que se registra en algunos sectores económicos no se traslada a otros, por lo que las cifras de pobreza parecieran no ser sensibles a esa mejora. El saldo de la economía macrista ha sido de un impacto muy negativo prácticamente en cualquiera de los parámetros que quiera medirse. Pobreza, indigencia, actividad, empleo, saldo exportable, inflación, deuda pueden ser algunos. La pandemia profundizó todo esto de la peor manera, ya que desbarató la posibilidad de que el crecimiento reduzca la desigualdad, la precarización y la informalidad, antes de cualquier posibilidad de rebote. De hecho, es una de las explicaciones del crecimiento muy heterogéneo que se registra y que no logra impactar en los sectores de menores ingresos.

Por eso es necesario hacerle un lugar a la discusión y la toma de acción. Las medidas del Gobierno nacional van en este sentido, pero existen grandes desafíos, entre ellos, la negociación de un acuerdo con el FMI.

Sin dejar de lado lo irregular de las condiciones en las cuales fue contraída esa deuda, y la querella criminal que ha iniciado el Estado por decisión del presidente de la Nación, probablemente le vaya mejor a la Argentina si el Gobierno puede reunir un consenso con la oposición política de no aceptar cláusulas incumplibles, algo que dio origen a esta situación de endeudamiento con el organismo.

Volviendo a la discusión, la reapertura de paritarias es una buena noticia, como lo es también que los ingresos de las familias crezcan en términos nominales y reales. Otro desafío redunda en repensar la estrategia vinculada a la evolución del precio de los alimentos y las tarifas, los rubros de mayor impacto en los sectores más vulnerables de la población. Hay que evaluar y poner la lupa en la concentración que existe en sectores estratégicos, lo que redunda en los costos de toda la cadena de valor e involucra una política de precios que es injusta con aquellos que no pueden afrontarlo como consumidores, ya que se trata de sectores sensibles como los alimentos. Es necesario prestar atención a la evolución de los precios internacionales de los productos de exportación de nuestro país y trabajar para desacoplar esos valores en dólares, de los precios domésticos en pesos, de forma tal que los sectores exportadores tengan el suficiente incentivo para expandir ese negocio que beneficia al país con las divisas necesarias, sin que esto derive en un aumento de la pobreza inmediato a partir del incremento inflacionario vía puja distributiva. Al margen de que una reforma tributaria más abarcativa y con sesgo progresista es indispensable en estas cuestiones, de nuevo, sería interesante que distintos sectores políticos, sindicales, empresarios, dirigenciales de la sociedad planteen la necesidad de que los incrementos salariales contengan, combinados, porcentajes y sumas fijas, por un plazo determinado no menor a tres años, y que en dicho plazo, se logre impulsar el salario mínimo registrado de cualquier actividad, incluido el Salario Mínimo, Vital y Móvil por encima de lo que marque la canasta que sirve para determinar la línea de pobreza. Es cierto que desde el Gobierno existe la política de propiciar los aumentos vía jubilaciones, asignaciones y salarios. Pero habrá que evaluar si se está haciendo todo el esfuerzo necesario para que eso se traduzca en una mejora del poder adquisitivo de los ingresos de las familias que ayuden a paliar esta emergencia.

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