Por ahora, las medidas generaron críticas y pronósticos pesimistas
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No obstante, Avila reconoció que «las decisiones que tomó Cavallo tuvieron una explicación, lo cual no implica que no sea una violación de los derechos de propiedad de los depositantes». «La alternativa era un 'lock out' privado y un congelamiento de depósitos, que habría traído más trastornos o directamente la devaluación», sostuvo. «Esto va a ser necesariamente recesivo», dijo, y agregó que la pregunta es «cuánto tiempo aguanta todo esto y a qué costo».
Con el mismo espíritu, el ex ministro Roque Fernández afirmó que las medidas constituyen una «apropiación de las reservas líquidas de la gente», y advirtió que «agravarán la recesión y destruirán el sistema financiero». Agregó que es impredecible el impacto que pueden tener las medidas en relación con los precios y el dólar.
Según el ex titular del Palacio de Hacienda, «esto es un nuevo error», y «es un pésimo manejo del sistema bancario». «Esto significará una desbancarización del sistema financiero. Es un error muy lamentable y la gente se quedará sin la posibilidad de retirar fondos», añadió.
Por su parte, el economista Manuel Solanet afirmó que las medidas constituyen «un retorno al control de cambio, y eso es muy lamentable», aunque admitió que «había que hacer algo» porque si no, en dos días «los bancos se quedaban sin dinero y era un crac absoluto».
El especialista también advirtió que el gobierno tendrá que «instrumentar otros controles para evitar que la gente se lleve los dólares a la fuerza». En este sentido, consideró que «cuando se introducen controles comienza la arbitrariedad y la corrupción». También señaló que las medidas «van a crear una situación complicada para pequeños y medianos empresarios».
El economista de FIEL Juan Luis Bour, opinó que «la restricción de retiros hará que la gente tenga desconfianza en el sistema y es una manera de poner arena en los engranajes».
El diputado justicialista Jorge Remes Lenicov aseguró que «si no se tomaban medidas la salida de depósitos iba a ser mayor», y consideró que el control de cambio es «una buena decisión, pero tendrían que haberla tomado hace dos meses».
No obstante, el legislador aseveró que «este conjunto de medidas no ayudará a bajar las tasas de interés, ganar credibilidad y tampoco nos hará salir de la depresión económica». Remes Lenicov apoyó la bancarización, pero dijo que «está mal que se lo quiera hacer de un día para otro», y agregó que «esto va a crear muchos problemas en la vida cotidiana».
El diputado justicialista Oscar Lamberto afirmó que las medidas tienen «una gran improvisación», y advirtió que van a generar «un despelote» por el proceso de bancarización acelerado que implican. «La bancarización -dijo-se va dando gradualmente, es un proceso cultural que lleva tiempo mientras esto es hacerlo de prepo.»
El legislador consideró, además, que las medidas fueron tomadas «sin consulta, sin la preparación y sin conocer que en gran parte del país ni siquiera hay bancos». Según indicó Lamberto, «más de tres cuartas partes del país está fuera del circuito bancario».
El gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, calificó de «impactantes» las medidas y señaló que, de no haberse tomado una decisión para detener el retiro de depósitos bancarios mañana (por hoy), se hubiera «caído todo a pedazos».
• Impacto
«Sin duda -agregó-, el tope de retiro en los depósitos bancarios es una medida impactante, que termina con el discurso del libre mercado de Cavallo y que pone en evidencia que el gobierno no tenía las cosas tan controladas como decía.»
El titular del bloque de diputados justicialistas, Humberto Roggero, consideró que «la confiscación de los depósitos de la población es una medida perversa». Dijo que la medida provocará una «mayor recesión y profundización de la crisis».
El economista José Luis Espert dijo que «las medidas pueden comprometer el acuerdo con el FMI porque viola el artículo 8 del estatuto del organismo que dice que los países no pueden establecer controles sobre la entrada y salida de capitales». Dijo que «éstas son medidas típicas de una República Soviética y pueden comprometer el desembolso por $ 1.260 millones que debía hacer el Fondo». También sostuvo que Cavallo «está liquidando a los ahorristas por tercera vez: les licuó los depósitos en 1982, se los volvió a licuar en 1989, ya que el mismo reconoce haber sido el ideólogo del plan BONEX, y ahora es muy probable que lo haga de nuevo».
Además, destacó que «en uno de los artículos del decreto se da la posibilidad a todas las empresas, sin importar la calificación, de licuar pasivos, por lo cual Cavallo podría estar preparando un nuevo pillaje como lo hizo antes».
Dijo que «todo esto se hubiera evitado si se hubiera tenido déficit cero en los primeros años de la convertibilidad, pero hacer déficit cero en medio de la peor recesión de la historia argentina es de locos».
El titular de la CGT «oficial», Rodolfo Daer, afirmó que las medidas demuestran «un gran autoritarismo» por parte del ministro Cavallo. «En los últimos días existió un golpe financiero, pero la respuesta del ministro es totalmente autoritaria en un país en el que 43% de los sectores productivos se maneja en negro y no porque haya una mentalidad de evasión sino como consecuencia de la política económica.»
El constitucionalista Daniel Sabsay calificó de «gravísimas» las medidas económicas y opinó que el límite impuesto a la extracción de dinero en efectivo de los bancos implica una «confiscación disfrazada».
El jurista advirtió, además, que «la inconstitucionalidad de las medidas es clara» porque, según explicó, «hay una limitación del derecho de propiedad». «Fue inconstitucional así como fue inconstitucional el plan BONEX. En la Argentina, hemos aceptado una tradición jurídica por la cual a través de un abuso del concepto de emergencia los límites a los derechos son tales que pueden llegar prácticamente a conculcarlos», indicó.
Sabsay señaló que las personas que consideren que sus derechos fueron afectados, «podrían perfectamente oponer un amparo», al entender que «a través de un acto absolutamente ilegal y arbitrario se está limitando su derecho de propiedad», aunque admitió que la posibilidad de obtener una respuesta por esa vía es «difícil».
Según la diputada del ARI Elisa Carrió, las medidas «son el final», y «lo que están haciendo es sostener el sistema bancario que se caía el viernes por la fuga de depósitos, reteniéndoles a los argentinos que confiaron en el sistema legal».
El legislador oficialista Leopoldo Moreau afirmó que la Argentina es «víctima del mesianismo de Cavallo», y advirtió que los anuncios del gobierno van a implicar «un aumento fenomenal en la desocupación».
Según Moreau, «no es lo mismo encarar la reprogramación de los pagos de la deuda con 27 mil millones de dólares de reserva que hacerlo con 17 mil y con una caída que venía en picada».
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