26 de julio 2002 - 00:00

Por el default, ahora juez italiano pidió embargar bienes argentinos

Un tribunal de Roma ordenó el embargo de bienes del Estado argentino en Italia. Lo hizo tras recibir un pedido por parte de ahorristas italianos que no pueden cobrar los bonos emitidos por el gobierno argentino en euros. Se trata de más de 350.000 pequeños y medianos ahorristas damnificados, que tienen en su poder títulos por el equivalente a u$s 12.000 millones. La determinación judicial no tendría por ahora efectos prácticos, ya que se trata de una decisión de primera instancia.

La Justicia italiana ordenó ayer el embargo de bienes argentinos en ese país, ante el reclamo de un grupo de ahorristas que tienen en su poder bonos emitidos por el gobierno de la Argentina.

El comité de ahorristas en la Argentina, presidido por el abogado Mauro Sandri, presentó ante un tribunal romano el pedido, que finalmente tuvo una respuesta favorable, según adelantó el diario «Il Messaggero».

Una de las particularidades de este caso es que prácticamente todos los inversores italianos con bonos argentinos son minoristas. Adquirieron bonos en euros emitidos por la Argentina, fundamentalmente entre 1996 y 1998. Estos títulos eran recomendados por los bancos a sus clientes, ya que permitían acceder a una mayor tasa de interés, que a mediados de los '90 estaba en plena baja en Italia debido al ingreso en la eurozona.

El embargo incluye los bienes inmuebles del gobierno argentino y algunos millones de dólares destinados a este país en derechos especiales de giro
, la divisa utilizada por el Fondo Monetario Internacional.

La medida fue depositada al inicio de esta semana y fue respuesta del tribunal a la instancia presentada por 10 acreedores que integran el comité de ahorristas.

Los italianos perjudicados por la cesación de pagos definida por la Argentina a fin del año pasado suman 350.000.

• Medidas

Se calcula que la cifra correspondiente a sus inversiones en bonos del Tesoro supera los 12.000 millones de euros.

En teoría, todos podrán pedir medidas análogas y obtener un veredicto favorable de la Justicia, aseguró el periódico. Una vez obtenido el derecho al secuestro de los bienes argentinos, el paso siguiente es que la medida se ejecute, por lo tanto la decisión la debe tomar un oficial judicial. Los ahorristas representados por el comité no se consideran suficientemente tutelados por las acciones emprendidas por los bancos italianos involucrados en la Argentina, afirma «Il Messagero», porque sostienen que piensan antes que nada en sus propios intereses.

Una entidad internacional que tomó a su cargo la defensa de los inversores fue el italiano Caboto desde su sede en los Estados Unidos. Pero apenas obtuvo respuestas formales de los funcionarios argentinos. Los representantes del comité acusan a los bancos italianos de ser responsables de su situación, ya que consideran que no informaron suficientemente a sus clientes sobre la delicada situación económica en el país a la hora de invertir.

Los acreedores admiten que se trata de una batalla judicial que podría ser larga y difícil y esperan encontrar trabas de parte del ejecutivo italiano del premier
Silvio Berlusconi. «Por el contrario, la ordenanza del tribunal de Roma es considerada extremadamente concreta, visto que entre otras cosas fija el importe al que tiene derecho cada uno de los inversores que recurrieron a la Justicia», concluye la nota.

Durante su visita a Roma en mayo último, el presidente argentino
Eduardo Duhalde aseguró que los ahorristas italianos «recibirían pronto su dinero».

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