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El discurso del ministro de Economía Roberto Lavagna en el 39º Coloquio de IDEA en Mar del Plata es una pieza clave en este debate, pues prácticamente deja de lado toda afirmación tendiente a la mera polémica para ofrecer los principales argumentos que sustentan la posición oficial. Y es allí donde deben centrarse las críticas de la oposición política en materia económica, para ejercer una actitud constructiva, habida cuenta de que es el ministro el que debe ejercer el poder y tomar las decisiones en este tiempo.
El discurso de IDEA no es completo ni puede tomarse como la última y única palabra oficial, pero tiene elementos suficientes. Se sostiene qué es lo que no sirve más, qué es lo que sí sirve y cuáles son las posiciones centrales de los dos bandos, llamados por él mismo «heterodoxos y ortodoxos».
Los heterodoxos, en cambio, como (y justamente porque) no comulgaban con el modelo de los '90, lo consideraban una mera transición, hasta que la oportunidad política permitiera el recambio. Entonces, cuando éste ocurrió, en diciembre de 2001, seguir respetando las reglas de juego previas significaba para los heterodoxos conceder terreno a los ortodoxos, justo cuando éstos lo estaban perdiendo. Políticamente hablando, esto resultaba un absurdo.
Pero, jurídicamente hablando, no era sino el respeto por el estado de derecho. En toda república democrática, los cambios deben hacerse dentro del marco legal y las sucesiones de gobiernos de distinto signo van modelando un país con matices diferentes, muchas veces divergentes. Lo contrario a esto es el totalitarismo. Los cambios pueden introducirse, pero no al punto de destruir ilegítimamente lo previo. Pues hacerlo implica descalificar a las mayorías previamente consolidadas y que lograron imponer sus reformas por la vía legislativa de un modo legítimo.
Este punto es tan relevante que, para muchos, no puede seguirse el debate de modo constructivo sin tocarlo previamente. Pues de él depende la consideración de temas tan importantes como: depósitos y acreencias financieras pesificados, aportes a las AFJP (y otros préstamos garantizados) pesificados y no abonados según la garantía vigente, contratos de servicios públicos pesificados, deuda pública en títulos no honrada. No revisten el mismo status jurídico asuntos igualmente importantes como: alteración de la convertibilidad, otorgamiento de nuevos beneficios impositivos, asistencia a bancos y política monetaria activa, entre otros.
La decisión de devaluar el peso, para tomar uno de los casos del segundo tipo, fue legítima, en tanto se respetaron los procedimientos para modificar una norma. Las expectativas de que no se modificaría nunca corrían por cuenta de los particulares. Independientemente de que los ortodoxos suelen opinar que no fue conveniente degradar el salario real de los argentinos por la vía de una devaluación y que las ganancias en competitividad derivadas de ella se deben exclusivamente a esta cesión de los asalariados, eso no es más que una opinión controvertible. Este gobierno entiende lo contrario y está en su derecho de instrumentarlo. Lo que no se puede hacer es pesificar contratos que estaban pactados en dólares de manera unilateral. Una cosa es devaluar y otra pesificar. Y la diferencia entre ambas cosas es que la primera es legítima y la segunda, no.
