El gobierno decidió ayer suspender por 30 días, mediante un decreto de necesidad y urgencia, que sería firmado hoy, las ejecuciones judiciales y enviar la semana próxima al Congreso dos proyectos. Uno, para modificar la Ley de Quiebras y Concursos para proteger a las pequeñas empresas y deudores comerciales por montos menores; y otro, que establece un sistema de mediación compulsiva entre acreedores y deudores para el caso de deudas tomadas por particulares. De esta manera, el gobierno se anticipa al conflicto que se presentará la semana próxima, cuando vence el plazo de suspensión de remates. Así, Eduardo Duhalde frenó un proyecto que suspendía las ejecuciones por otros 180 días y que amenazaba complicar la negociación con el FMI.
El gobierno decidió ayer suspender por 30 días, mediante un decreto de necesidad y urgencia que sería firmado hoy, las ejecuciones judiciales y enviar la semana próxima al Congreso dos proyectos para modificar la Ley de Quiebras y establecer un sistema de mediación compulsiva entre acreedores y deudores. Así el gobierno quiere solucionar el conflicto que se le presentará desde la semana próxima cuando venza la suspensión de remates y los juzgados procedan a iniciar las subastas de decenas de miles de bienes de particulares y empresas. En su lugar se establecerá un sistema dual que contempla a deudores y empresas pequeñas con la posibilidad de declararse en concurso y las más grandes con un proceso de mediación obligatorio.
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Con esa promesa del gobierno -llevada a Diputados por Jorge Matzkin y Alfredo Atanasof y discutida en una reunión con Eduardo Camaño, Humberto Roggero, Horacio Pernasetti, Alberto Natale y Rodolfo Frigeri-, el Ejecutivo consiguió frenar la sesión de ayer donde todos los bloques habían acordado un proyecto para prorrogar la suspensión de ejecuciones por 180 días, una medida que complicaba al gobierno en la negociación con el FMI y perjudicaba de pleno a los bancos.
Algunas objeciones se plantearon también ayer en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado cuando el radical Raúl Baglini le advirtió al resto de los senadores: «No podemos terminar con otra suspensión por 180 días. No se puede hacer así: ni puede haber desprotección para el que no puede pagar, ni para el acreedor, ni proteger al vivo que no quiere pagar nunca», dijo.
El acuerdo con el Ejecutivo para aceptar un plazo de espera de 30 días, que en realidad se prolongará hasta febrero de 2003 gracias a la feria judicial de enero, incluye el tratamiento en el medio de dos proyectos de ley:
• Uno modifica la Ley de Quiebras para establecer «el concurso para aquellos deudores que tengan una deuda inferior a los 15 mil pesos oro -que equivale a multiplicar cada unidad por $ 280- y con menos de 20 empleados», según explicó Alfredo Atanasof, flexibilizando las condiciones para que los deudores comerciales PyME o de montos pequeños puedan solicitar su concurso preventivo e incluso llegar con más facilidad a acuerdos extrajudiciales. Quienes estén por encima de esos parámetros seguirán rigiéndose por el régimen general de concursos y quiebras. Es decir, no habrá protección para las grandes empresas.
• El segundo proyecto establece un sistema de mediación judicial obligatoria para las deudas que no son comerciales, es decir, tomadas por particulares.
Así Diputados finalmente no sesionó ayer para tratar la prórroga de suspensión de ejecuciones ni ningún otro tema, lo que ya está despertando la protesta de otros bloques. Primero, el radicalismo denunció oficialmente una parálisis legislativa: «La Cámara de Diputados continúa paralizada por las disputas internas del Partido Justicialista. El PJ traslada su crisis a todos los ámbitos de las instituciones del país». Y ayer lo hizo Acción por la República. Por la tarde, Guillermo Alchouron, presidente de ese bloque, se quejó: «Hay un cúmulo de temas muy importantes que deben ser aprobados por esta Cámara, y no es admisible que desde hace tres semanas los diputados no nos reunamos en el recinto. No hay ningún pretexto válido», dijo.
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