El Banco Central ganó ayer una batalla para conseguir que el Congreso no sancione una prórroga de 180 días en la aplicación del CER. Después de una maratónica reunión del bloque PJ con comunicaciones continuas entre el Congreso, la Casa de Gobierno y el Ministerio de Economía, los diputados decidieron bajar el plazo de prórroga para la aplicación del CER hasta el 30 de setiembre, siempre que los préstamos sobre los que se aplique no fueran superiores a un monto que ayer oscilaba entre $ 300 mil y $ 500 mil. Anoche, la idea fue consensuada en la reunión de Labor Parlamentaria entre todos los presidentes de bloque y sería tratada en una hipotética sesión convocada para hoy a las 10. Junto con ese proyecto se suspenderían por 60 días más las ejecuciones hipotecarias a partir del 15 de agosto, fecha en que vence la primera suspensión a los remates establecida por el gobierno de Eduardo Duhalde.
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Las visitas de Aldo Pignanelli al Senado y a Diputados, más la presión de Roberto Lavagna y algunos diputados como Rodolfo Frigeri -que el martes recibió en su Comisión de Finanzas al jefe del Central-, Arturo Lafalla, Julio Gutiérrez, Elsa Correa y Rafael González, consiguieron bajarle el plazo a un proyecto de suspensión de la aplicación del CER sobre algunas deudas del sistema financiero -créditos que no tuvieran como garantía una vivienda única, personales superiores a $ 12.000 y prendarios por encima de $ 30.000- que había sido elaborado por Omar Becerra.
Pero la definición para el cambio de actitud del bloque y la baja en el plazo partió también de Duhalde, que se comunicó con los diputados bonaerenses para pedirles algún grado de flexibilidad a los reclamos de Economía y el Central.
•Descalces
El nivel de discusión dentro del PJ fue tal ayer que incluso en algún momento se pensó en una ruptura del bloque. Liderados por Frigeri, un grupo de peronistas sostuvo un discurso similar al que había explicado Pignanelli 24 horas antes en el Congreso: suspender por 6 meses la aplicación del CER a todo tipo de deudas mientras que los bancos debían continuar actualizando depósitos con ese índice hubiera significado una quiebra del sistema financiero por los descalces que esto produciría en los balances. De todas formas, hasta anoche se había acordado no impulsar una prórroga de 180 días pero sí postergar su aplicación hasta setiembre. Es decir, de sancionarse el proyecto -ayer se juró que cuenta con la aprobación del Senado y que el gobierno lo acepta en esta versión-los deudores comenzarían a recibir los ajustes en sus deudas a partir del mes de octubre.
Por un plazo similar se suspenderán las ejecuciones judiciales. Es decir que los remates a deudores podrían comenzar recién a partir del 15 de octubre ya que la Justicia había dictaminado en un caso que la suspensión establecida en febrero, y que fuera luego modificada, vence, hasta ahora, el próximo 15 de agosto.
