Las cuentas nacionales muestran que el altísimo crecimiento registrado en los últimos cuatro años viene siendo consistente. El consumo privado, pese a ser el motor de la economía dada su participación (66% del PBI), viene creciendo por debajo de éste (en parte, porque nos consumimos existencias), mientras que el aumento en la inversión duplica el crecimiento del Producto y las exportaciones netas se reducen lentamente, aun en cantidades. La contrapartida de esta trayectoria es el resultado positivo que, en parte ayudadas por los términos del intercambio, siguen mostrando las cuentas externas, y una tasa de ahorro interno que permitiría financiar una tasa de inversión que se acerca más rápido que lo esperado a una cuarta parte del PBI. En 2006, la tasa de inversión de la economía ascendería a 21,9% a precios constantes, casi un punto porcentual mayor que la de 1998, y a precios corrientes se ubica entre las más altas de la región (23,4% contra una de 22,1% en Chile y de 19,9% en Brasil en 2005).
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Pero más allá de lo grato que resultan estos números, la calidad de la inversión muestra algunos interrogantes. La inversión en equipo durable de producción todavía se ubica 0,7 de punto porcentual por debajo de la registrada en 1998, y aun añadiendo la porción de la inversión en construcción no residencial (obras viales, de infraestructura, obras petroleras y construcciones para la industria y los servicios), apenas alcanzamos los registros de ese año. Pero, además, está el hecho de que una parte de esta inversión en infraestructura responde a gastos de capital del sector público,que en el último año contribuyeron por sí solos a explicar más de 40% del aumento en la tasa de inversión, e impulsan el aumento en los gastos del sector público por encima de la fenomenal recuperación de los ingresos, reduciendo en el margen el superávit fiscal y, por ende, la capacidad del sector público para absorber el excedente de pesos del sector externo.El aumento en los gastos de capital tiene dos ejes: uno es el de atender necesidades de infraestructura, que luego de años de ajustes fiscales se tornaron "infinitas", aunque se sustentan en gastos que se caracterizan por tener una mayor flexibilidad; el otro se basa en una mayor participación del Estado en sectores de servicios públicos privatizados vía la distribución de subsidios e inversiones que apuntan a compensar la caída en la rentabilidad, producto del cuasi congelamiento de tarifas (energía, transporte público, etc.), que, por el contrario, son inflexibles a la baja.
Dada la tendencia a la apreciación del tipo de cambio, la política económica debería apuntar a afianzar las "reglas de largo" y a aumentar la sustentabilidad de sus fundamentos para evitar una brusca reducción del ahorro interno y de la tasa de inversión una vez que las condiciones actuales se diluyan. Para ello, una trayectoria de crecimiento del gasto público por debajo de la recaudación, que permita reducir en el mediano plazo la dependencia de los derechos de exportación y en el largo plazo la relación deuda a PBI, será esencial para asegurar la sustentabilidad macro y, eventualmente, financiar una porción de la inversión con ahorro externo.