El Congreso ya analiza como un avance peligroso del Ministerio de Economía los cambios en el control contable del Banco Central que el gobierno incluyó dentro del Presupuesto 2004 -al incorporarlo al Sector Público Nacional-y la obligación de someter el accionar de los entes autárquicos, como lo es el BCRA, a la política económica fijada por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Los abogados del Banco Central analizaban ayer la cuestión con preocupación. Si bien no encuentran total-mente definido todavía el alcance de esos cambios, se dio un alerta por lo que puede considerarse un avance del Ministerio de Economía no sólo en la autarquía del Banco Central, sino también del Nación y hasta de la AFIP. Sobre todo porque la carta orgánica del BCRA consagra claramente la autonomía de la entidad estableciendo que no estará supeditada a la decisión de ningún funcionario del Poder Ejecutivo.
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Tal como anticipó ayer Ambito Financiero, el gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto Nacional 2004, tres artículos que juegan en consonancia por los que modifica la ubicación del Central dentro de la estructura del Estado y lo deja bajo la órbita de la Ley de Administración Financiera. En lenguaje llano, esto significaría modificar la condiciones de autonomía que siempre tuvo la entidad.
Así en el artículo 8 del proyecto se establece la inclusión dentro de los alcances de la Ley de Administración Financiera de los «entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayo-ritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones», además de incorporar también los fondos fiduciarios. Dentro de esta categoría podría definirse al Banco Central, el Banco Nación y hasta la AFIP.
Esta modificación no fue claramente explicada ayer en el Ministerio de Economía, ni tampoco otra medida que complementaría lo que parece un avance de Lavagna sobre el control de los entes del Estado hasta ahora con funcionamiento autárquico. Es en el artículo 10 del proyecto de presupuesto donde se fija que esos «organismos y entes autárquicos integrantes del Sector Público Nacional Financiero y no Financiero», deberán ajustar su «actividad e implementarán libremente sus acciones» en el marco de las decisiones de política económica que determine el Ejecutivo «por intermedio del Ministerio de Economía y Producción».
Queda claro que al redactor del proyecto pudieron pasarle dos cosas: que haya cometido un error técnico o que intente encuadrar dentro de las políticas seguidas por el ministerio a los entes que hoy tienen autonomía de decisión, como son el Central, el Nación o la AFIP. De otra forma no se explica el porqué de esta definición ya que la administración pública en general siempre estuvo obligada a seguir los mandatos del Ejecutivo.
Por último, el gobierno refuerza un control de gastos sobre estos entes que, en realidad, ya existía. En el artículo 22 del Presupuesto 2004 se fija la obligación de informar la nómina salarial al Ejecutivo que será controlada por la Secretaría de Hacienda. En la última modificación a la carta orgánica del Central, se quiso pasar ese control al Congreso, pero por error se mencionó sólo al Senado -error técnico insoslayable ya que se necesita para ese tipo de operaciones del acuerdo de las dos Cámaras-y por lo tanto el artículo se vetó.
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