Preparan fuertes cambios en el sistema de obras sociales

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se estudia fusionar el Ministerio de Salud como una secretaría de la cartera que hoy comanda Alicia Kirchner. En ello se está ocupando una suerte de gabinete en las sombras conducido precisamente por la hermana del presidente Kirchner, que está elaborando dicho plan junto con funcionarios del área de salud de la provincia de Santa Cruz.

Esto explica, en parte, la existencia de un anteproyecto para modificar el sistema de obras sociales pergeñado por los técnicos del ministro de Salud, Ginés González García.

Si bien el anteproyecto continúa siendo corregido, ha trascendido extraoficialmente que el modelo prestacional está orientado a la regionalización, privilegia la contratación de asociaciones de clínicas y sanatorios garantizando la remuneración de sus prestaciones, pero no la recaudación de las obras sociales.

•Carta de negociación

En cierto modo, esto constituye una importante carta de negociación con los principales gremios y jerarcas sindicales ante la iniciativa de Desarrollo Social.

Estas son las iniciativas más relevantes del anteproyecto:

• Se elimina la figura de gerenciadoras en el modelo de financiamiento. Las obras sociales deberían contratar directamente a los prestadores.

• Se introduce un modelo similar al del «débito automático» de los hospitales públicos de autogestión, para las clínicas y prestadores contratados por las obras sociales.

• Las obras sociales que tengan menos de 5.000 beneficiarios en alguna jurisdicción no podrán contratar prestaciones individualmente. Deberán hacerlo asociadas con otras hasta llegar a este nivel mínimo. No se trataría ni de consorcios ni asociaciones, sino algo parecido a un contrato asociado, lo cual implica conservar la individualidad de cada obra social.

Uno de los objetivos es generar una concentración de beneficiarios de varias obras sociales, que sirvan de masa crítica para contratar prestaciones eliminando la intermediación.

Pero esto también implicaría la regionalización de los fondos porque deberían transferir por lo menos 70% de la recaudación a cada jurisdicción.

Otro objetivo es implementar un mecanismo de garantía de cobro a favor de los prestadores, en tiempo y forma. Este débito automático sería aplicado también en el caso de la atención brindada por el sector privado, con lo cual a las obras sociales se les condicionará la gestión porque les van a operar los pagos.

Asimismo, se estudia segmentar las obras sociales, según el ingreso en pesos por beneficiario para esas contrataciones asociadas. Por ejemplo, un rango de menos de $ 21 por beneficiario, otro de entre $ 22 y $ 34, y de más de $ 35.

También se prohibiría que las obras sociales tercericen con prepagas. A cambio, las asociaciones de clínicas y sanatorios no estarían limitadas para ser contratadas, y se condiciona la participación de las asociaciones de profesionales.