Presupuesto 2026: el pivote de Javier Milei bajo la sombra de la incertidumbre y el escepticismo económico

Con el Presupuesto como eje de discusión, el Gobierno se enfrenta a un 2026 pensando en el orden fiscal pero sin estímulo aparente en la economía real.

El Presupuesto 2026 no es un triunfo garantizado, sino una apuesta riesgosa.

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El proyecto de Presupuesto 2026 se presenta como el eje central de la estrategia mileísta: un documento que no solo detalla ingresos y gastos, sino que encarna la hoja de ruta para reformas estructurales y la estabilización macro. Sin embargo, más allá de las proyecciones optimistas que augura —crecimiento del PBI al 5%, inflación al 10,1% y superávit primario del 1,5% del PBI—, su viabilidad pende de hilos sensibles.

El ministro de Economía, Luis Caputo, asumiendo un rol más protagónico en las negociaciones con gobernadores, busca consensos para blindar el "déficit cero", pero el verdadero desafío en la prospectiva 2026 radica en una dependencia externa creciente: el respaldo de Estados Unidos bajo el imperio de Donald Trump, la renegociación del acuerdo con el FMI y, sobre todo, la capacidad del Gobierno para amortiguar el impacto recesivo sobre el sector productivo, la construcción y el comercio.

Sin estos soportes, el pivote podría convertirse en un punto de quiebre. Caputo lo admitió en estos días: "Fue un error no involucrarme más en lo político". Refiere entonces a las reuniones con los gobernadores y una mecánica que anticipaba que sin su rúbrica, las conversaciones del ministro Diego Santilli quedan girando en falso. Los mandatarios provinciales quieren ver refrendado en la ley de leyes todo aquello que se negocia en la Casa Rosada.

El Presupuesto proyecta para 2026 exportaciones en u$s112.695 millones (+9,1%) e importaciones en u$s118.447 millones (+12%), con un tipo de cambio oficial a $1.423 para fin del periodo. Los gastos totales se ubicarían en 15,3% del PBI, priorizando transferencias (29,7%) y seguridad social (42,3%), mientras la deuda pública desciende hacia 30% del PBI en siete años. La recaudación impositiva: $90.308 millones (+22,5%), con IVA y Ganancias como pilares. Todo apunta a un marco coherente, anclado en disciplina fiscal para habilitar la desregulación cambiaria y apertura comercial. Es, como siempre ha sido, una apuesta de buena voluntad política, un esbozo del sendero que quiere recorrer el Gobierno.

Las noticias del frente financiero y lo que indica la economía real

Pero el escepticismo es inevitable. Primero, la dependencia del frente financiero de Washington. Trump, aliado ideológico de Milei, ha inyectado oxígeno vía un swap de u$s20.000 millones del Tesoro estadounidense, anunciado en septiembre para afrontar vencimientos de intereses por u$s8.500 millones en 2026. Scott Bessent, secretario del Tesoro, prometió "todas las opciones sobre la mesa" para estabilizar el mercado cambiario, incluyendo intervenciones directas y garantías anti-default.

Este respaldo —inédito desde los '90— llegó condicionado: Trump lo supeditó al triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas de octubre, advirtiendo: "Si pierde, no vamos a ser tan generosos". Críticas internas en EEUU, de demócratas como Elizabeth Warren, cuestionaron el uso de fondos públicos para "objetivos partidistas", elevando el riesgo de volatilidad si la relación Milei-Trump se enfría. Sin este salvavidas, reservas netas —que debían acumular u$s8.900 millones para diciembre 2025, por el FMI— siempre aparecen como el indicador que no cumple lo comprometido y que podría rebotar el riesgo país.

Segundo, la negociación con el FMI añade capas de incertidumbre. El acuerdo de abril de 2025 por u$s20.000 millones exige superávit primario del 2,2% en 2026 (vs. 1,5% proyectado por el Gobierno), con acumulación de reservas y cierre de fondos fiduciarios. Kristalina Georgieva avala la "estabilidad macro", pero el directorio —mitad de cuyos miembros expresó "preocupación" por la exposición de u$s41.000 millones ya adeudados— demanda waivers para metas incumplidas. Vencimientos escalan: u$s4.700 millones en 2026, hasta u$s15.200 millones en 2029. El Presupuesto debe incluir un "marco fiscal a mediano plazo" con riesgos detallados, pero analistas del IERAL alertan que la presión impositiva subirá 0,51 puntos del PBI sin reforma tributaria profunda. Si las negociaciones con el FMI no llegan a buen puerto —como en waivers de junio y septiembre 2024—, el ajuste se profundizaría, erosionando el superávit y la salida del cepo prometida para enero 2026.

Tercero, y quizás más crítico, la capacidad para mitigar el impacto negativo sobre motores económicos clave. El plan mileísta —ajuste fiscal, apertura comercial y dólar "planchado"— ha golpeado al sector productivo. La industria manufacturera cayó 9,3% en la provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial de Estadística), con textiles (-14%), calzado (-8%) y metalmecánica arrasados por importaciones +33% en bienes de consumo (INDEC). El Centro CEPA, por ejemplo, ha reportado 15.564 cierres de empresas desde diciembre 2023, 5.500 en Buenos Aires, y pérdida de 225.000 empleos formales hasta agosto 2025, concentrados en pymes.

La OCDE advierte que este "modelo de liberalización radical" —con recortes de subsidios y barreras— debilita capacidades industriales acumuladas, priorizando extractivismo (agro, minería) sobre diversificación. En otro registro, la construcción, dinamizador histórico, colapsó 16% (INDEC), con inversión real -82,6% en obra pública (Hacienda). Provincias como Formosa, San Juan y La Rioja —donde representa más 10% del PBI (CEPAL)— sufrieron despidos masivos y suspensiones, arrastrando el comercio de materiales. El comercio minorista, que emplea 19% de asalariados privados, perdió 150.000 puestos junto a industria y construcción. CELAG pronosticaba colapso del modelo a fines 2025 por atraso cambiario y pérdida de competitividad exportadora. En los hechos, mientras agro y energía crecen (+2,7% y boom litio), el 44,5% del empleo (industria, construcción, comercio) se vuelve más exiguo, con capacidad instalada industrial en 58% (vs. 68% pre-Milei).

En este contexto, el Presupuesto 2026 no es un triunfo garantizado, sino una apuesta riesgosa. Negociaciones con gobernadores —que reclaman ATN, coparticipación de combustibles y Zonas Frías— podrían perforar el superávit si Milei concede, como en la baja gradual de retenciones al petróleo. La aprobación en Congreso (antes de febrero, con sesiones extraordinarias desde diciembre) depende de consensos frágiles: dictámenes opositores incluyen emergencias en discapacidad (0,5% PIB) y pediátrica, vetadas previamente. Se calcula que, aun con proyecciones oficiales, gasto real sube solo 7%, insuficiente para reactivar demanda interna.

Así, el pivote presupuestario podría girar hacia un escenario más próspero para el Gobierno en lo político si EE.UU. y FMI garantizan provisión de dólares. Si es así, el Gobierno cree que las reformas laborales/tributarias (comprometidas para diciembre 2026) mitigarían la recesión vía inversión privada (+9,4% proyectada). Pero el escepticismo prevalece: sin blindaje al productivo —créditos subsidiados, protección selectiva a pymes—, el modelo acelera un ciclo que se parece mucho a una convertibilidad noventista.