La Justicia prohibió ayer la salida del país de ex directivos de la petrolera San Jorge, involucrados en un causa en la que se investiga una multimillonaria evasión al fisco por más de 140 millones de pesos ya comprobados y que podrían convertirse en $ 300 millones al terminar la fiscalización. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que investiga la causa, prohibió la salida del país de Norberto Prou, Raquel Oddone de Ostry y Jorge Ferioli, en tanto un cuarto imputado, Ricardo Miyazono, con orden de captura, continuaba hasta ayer prófugo de la Justicia.
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Todos los empresarios habrían estado vinculados como directivos de la petrolera San Jorge a la que fueron denunciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por evasión impositiva. La empresa fue vendida en 1999 a la firma Chevron-Texaco por unos 1.200 millones de dólares, de acuerdo con constancias del expediente que se tramita ante la secretaría de Guillermo Brugo. En el sumario se investiga una denuncia efectuada por el organismo que dirige Alberto Abad, donde habrían existido maniobras de ocultación y simulación en el pago de honorarios «disfrazados como donaciones y condonaciones de deudas».
El martes, el magistrado llevó a cabo 23 allanamientos, junto a 136 agentes de la AFIP y 50 integrantes de Gendarmería, entre ellos en los domicilios de Ferioli, Priu y Oddone de Ortry. Otros operativos se realizaron en las oficinas de las empresas Chevron-Texaco-San Jorge; Petrolera Argentina San Jorge SRL, Bolland y Cia SA; Transalud y Lofirme.
La denuncia fue presentada la semana pasada por el director de Planificación Penal Tributaria y Aduanera de la AFIP, Carlos Lucuy, quien explicó que los directivos de la petrolera habrían realizado «operaciones simuladas para evadir impuestos» a las Ganancias, a las altas rentas y a los Bienes Personales, sobre los 1.200 millones de dólares que recibieron por la venta a Chevron-Texaco.
La venta de la petrolera nacional se realizó hace dos años y dio origen a la empresa Texaco-San Jorge SRL, pero el director de AFIP, Alberto Abad, aclaró que «la operación de la venta es lícita» y «lo que se detectó después fue una maniobra irregular con el dinero producto de esa venta».
Esta causa es una de las 253 investigaciones que la AFIP inició este año y que representan una evasión de alrededor de 310 millones de dó-lares, monto que supera lo detectado en estos delitos durante todo el año pasado.
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