El gobierno decidió premiar a Roberto Lavagna por haber vuelto al redil kirchnerista.Sin siquiera avisar al Congreso, el viernes el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto de Cristina de Kirchner ampliando el temario de leyes a tratar en extraordinarias con la inclusión allí del proyecto de ley que otorga un tratamiento fiscal especial en Ganancias para las empresas por la inversión en bienes de capital amortizables, incorporando también las obras de infraestructura. Es un viejo anhelo que Lavagna dejó inconcluso cuando se fue del gabinete de Néstor Kirchner. Por aquel entonces el ex ministro protestaba porque su propio gobierno no aceleraba, en el Congreso, la votación del proyecto que le permite a las pymes la reinversión de utilidades sin pagar Ganancias por dos años y que él mismo había enviado a Diputados un año antes.
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Después de su salida del gobierno fue caballito de batalla en su oposición a Kirchner; durante la campaña electoral Lavagna junto a los radicales fustigaron a Cristina de Kirchner por haber congelado el proyecto en Diputados. Ahora, parece haber desaparecido la preocupación fiscal que tuvo el gobierno en ese momento -se argumentó un costo fiscal de la medida superior a $ 1.200 millones- y mucho menos las dudas sobre los verdaderos beneficiarios de esa idea de Lavagna.
Las dudas no eran menores, al punto que muchos diputados del kirchnerismo y la oposición se negaron a convalidar el proyecto de promoción de pymes que pedía Lavagna. Uno de los problemas fue que mientras el proyecto se promocionó como un incentivo para las pymes -permitiendo que reinviertan sus utilidades en bienes de capital en lugar de pagar ganancias o que amortizaran aceleradamente en ese impuesto esas operaciones-, la letra chica permitía que las grandes empresas también se beneficiaran con la promoción.
Pero el escollo que hizo frenar el tratamiento del proyecto en el Senado -llegó a ser votado en Diputados- fue el dictamen de la AFIP sobre el costo fiscal de la medida. Alberto Abad no sólo consideró que era demasiado alto, sino que evaluó que era casi imposible conocer el volumen real de los impuestos que el Estado dejaría de cobrar si se implementaba la ley de Lavagna.
El ex ministro, mientras tanto, siguió protestando desde afuera del gobierno: «Hace más de dos años enviamos al Congreso un proyecto de ley para que todas las Pequeñas y Medianas Empresas del país queden exentas de pagar impuesto a las ganancias si reinvierteny cuidan el empleo », decía Lavagna el año pasado. «El proyecto duerme y está lleno de polvo en el cajón de una senadora [por Cristina de Kirchner] porque el gobierno se niega a aprobarlo».
Lavagna, en realidad, siempre le tuvo afecto a los regímenes promocionales no sólo para pymes sino también para grandes empresas. De hecho el primero de ellos se lo llamó la «ley con nombre y apellido», porque beneficiaba a la empresa que iba a hacerse cargo de la construcción del gasoducto de Bolivia, que aún sigue en veremos.
Ahora todo cambió. Bastó el acuerdo con Néstor Kirchner para que se despejara el horizonte para la promoción. En una semana la idea de Lavagna para beneficiar a las empresas pasó a convertirse en tema a tratar en extraordinarias. «Hay que ser obsecuente del gobierno para que te traten los proyectos. A Lavagna no le querían votar la ley, se sumó al gobierno y se la tratan. Queda claro que está anulada la posibilidad de disentir en este país», se quejaba ayer el radical Gerardo Morales.
Así el viernes podía leerse en el Boletín Oficial el decreto de Cristina de Kirchner que incorporaba, a los temas que ya habían sido pedidos, tres proyectos:
Proyecto de ley tendiente al establecimiento de diferentes acciones en materia de tránsito y seguridad vial. Ratifica el «Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial», suscripto el 15 de agosto de 2007 entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Introduce diversas modificaciones a la Ley de Tránsito Nº 24.449.
Proyecto de ley sobre Marca Colectiva (Exp.S-2330/06) y
Proyecto de ley por el cual se instituye un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos, que revistan la calidad de bienes muebles amortizables en el Impuesto a las Ganancias, destinados a la actividad industrial, así como también para las obras de infraestructura que reúnan las características y estén destinadas a las actividades que al respecto establezca la reglamentación.
El proyecto volvió así a su redacción original, estableciendo un régimen en el que virtualmente podrá incorporarse cualquier empresas y que, aunque pueda estar destinado a las PyME, termina beneficiando también indirectamente a las grandes empresas de las que son proveedoras. Todo por arte de magia y sólo por haber entendido el ministro que debía volver a las fuentes justicialistas.
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