El conflicto con la concesión para la construcción de la represa de Caracoles-Punta Negra entre el Grupo Pescarmona, por un lado, y la empresa Techint y el gobierno de San Juan, por el otro, desembarcó ayer en el Congreso y ya produjo una división de aguas en el bloque peronista de Diputados. No es casual, que sea la misma división que existe entre quienes apoyan a Julio De Vido y los que defienden a Roberto Lavagna dentro de la siempre desmentida interna entre ambos ministerios. Menos casual es que esa división, con idénticos protagonistas en la bancada, se verifique también respectivamente entre apoyos y críticas al proyecto de creación de ENARSA, la nueva empresa estatal de energía. La discusión estalló dentro de la bancada PJ con acusaciones entre quienes creen que Lavagna quiere avanzar en la licitación de obras, independizándose del control de De Vido.
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Ayer visitaron la Comisión de Industria de Diputados, que preside el bonaerense Carlos Brown, los representantes de IMPSA, del Grupo Pescarmona. Eduardo Guerra explicó: «Sabemos que esta obra tiene algunos vicios legales, creemos que ha sido adjudicada en forma directa... Es una empresa que no tiene antecedentes para hacer este tipo de aprovechamientos hidroeléctricos de este porte, no tiene experiencia en ello», denunció en relación con Techint.
En 1998 se adjudica la construcción de la represa hidroeléctrica a un consorcio integrado por la empresa Panedile-AES. Tres años después comienzan los incumplimientos y en 2002 se decide cancelar la concesión a Panedile y a la constructora CPC. Después de un nuevo proceso de selección para sustituir a Panedile, termina ganando el concurso el Grupo Pescarmona asociado con Cartellone.
Pero el gobernador Gioja desestima esa unión de empresas y se procede a la adjudicación directa de las obras a la empresa Techint, que a su vez subcontrata a la misma empresa que antes había perdido la obra por los incumplimientos.
¿Qué se denuncia, entonces? Los diputados de la Comisión de Industria escucharon ayer las explicaciones de ADIMRA -cámara que nuclea a la industria metalmecánica-y del Grupo Pescarmona que hoy ingresarían como denuncia formal a esa comisión.
En primer lugar se cuestiona la adjudicación directa que Gioja hizo al Grupo Techint al que los mendocinos cuestionan por no contar con experiencia en obras de este tipo destinada a generación eléctrica, reencauzamiento de ríos, riego y provisión de agua potable.
Techint, además, actuaría como «paraguas» para garantizarla ejecución de la obra que en realidad es tercerizada a algunas de las mismas empresas que fueron separadas del contrato por incumplimiento. Dentro de esas subcontratistas esta la rusa Energo Match Export, que invocó convenios de protección de inversiones recíprocas, o la Mexicana ICA, accionista de CPC.
En el Congreso se menciona también la existencia de dictámenes de una comisión investigadora especial de la Legislatura de San Juan que analizó el destino de entre u$s 50 y u$s 80 millones que fueron desembolsados a la anterior concesión sin que las obras avanzaran y que habría sido el origen de la declaración de incumplimiento con culpa a la empresa.
En junio, finalmente, la provincia de San Juan firma un acta de renegociación donde anula la rescisión con culpa a Panedile que había dispuesto antes la provincia, renunciando también a cualquier posible indemnización.
• Complementos
La historia se completa con la adjudicación directa del gobernador Gioja y la aparición del Estado nacional, de la mano de Roberto Lavagna, financiando el emprendimiento con otros u$s 100 millones, destinados al pago de los restaurados contratistas ahora liderados por Techint.
Del conflicto empresarial al político se llegó en pocos minutos dentro del Congreso. Los diputados, y en esto se dividen internamente el duhaldismo, kirchnerismo y hasta los independientes del PJ, creen que Lavagna tiene demasiado poder para cerrar licitaciones de obras públicas llave en mano, donde es más difícil controlar la participación nacional en los emprendimientos. Algunos creen que con modelos como el de Caracoles, donde una empresa nacional firma el contrato y luego subcontrata a extranjeras, no se privilegia el valor agregado nacional. Estos son los mismos peronistas que denuncian demoras en la aprobación de la ley de creación de ENARSA, empresa que le daría poder a De Vido para contratar también infinidad de obras.
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