La sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos durante 2002 es la exigencia más novedosa que le planteó el Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino durante la negociación de un nuevo paquete de ayuda. Y, así y todo, se trata de una vieja pretensión de los organismos de crédito que quedó consignada en sucesivas cartas de intención.
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La reunión que Daniel Marx y el resto de la comitiva argentina mantuvieron con Horst Köhler ayer, en Washington, derivó en una decisión que se tomó en Buenos Aires durante la tarde: Chrystian Colombo reunirá a los gobernadores de provincia para que ratifiquen y, eventualmente, ajusten lo que suscribieron en noviembre de 2000, cuando se refirieron a la coparticipación de impuestos mientras establecían un nuevo pacto fiscal.
En ese entonces, el gobierno nacional y las provincias se comprometieron a que la ley que regula el flujo de fondos entre la Nación y las provincias tendría estado parlamentario este año y que estaría sancionada antes de que termine 2003. Es probable que en la reunión de ayer, Köhler, Stanley Fischer, Eduardo Aninat, Claudio Loser y Tomás Reichman hayan pedido que ese trámite se acelere y que el plazo final se adelante. Por eso la reunión de Colombo con los mandatarios (ayer Carlos Ruckauf y Rubén Marín admitían haber sido convocados) está dirigida a cumplir con este requisito.
Las recomendaciones del Fondo sobre la coparticipación de impuestos son de distinta naturaleza. En primer lugar se pretende una simplificación del sistema: al reparto originalmente dispuesto se le agregó, con la redacción de varios pactos fiscales, una maraña de fondos que se giran al interior en cumplimiento de actas secundarias, habitualmente suscriptas con provincias individuales a propósito de la negociación de alguna ley. Nadie está en condiciones hoy de describir con sencillez cómo se canalizan los fondos, de tantos parches y suplementos que se realizaron al diseño originario. En rigor, desde que se sancionó la ley actual, en 1988, aparecieron correcciones y ajustes «informales», como el que compensó a La Rioja con Aportes del Tesoro Nacional por una baja en el índice de coparticipación.
La otra expectativa del Fondo es que la Argentina adopte el sistema de déficit consolidado para presentar sus números fiscales. Esto significa que, como en Brasil, se promedien los déficit de todas las jurisdicciones de tal manera que el desajuste de una perjudica a las demás, lo que impone el control de unos sobre otros. Es un objetivo mucho más difícil de alcanzar.
En el gobierno consideraban ayer que el cronograma que se podría pactar en Washington no es inalcanzable: «El año 2002 no es un año electoral y, además, discutiremos con los gobernadores con los que venimos hablando estos dos años; no está mal sacar la ley en ese lapso» confesó un funcionario de Economía, temeroso de hacer figurar su nombre. A pesar de esto la complejidad del tema es ostensible. Primero, porque ningún gobernador que se siente a discutir lo hará sin garantizarse que no se levantará de la mesa con menos plata de la que recibía cuando ingresó (lo que supone una negociación política previa de extraordinaria complejidad). Segundo, porque además del reparto de ingresos se discutirá el origen de éstos, es decir, se abrirá el proceso de una nueva reforma tributaria.
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