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30 de octubre 2008 - 00:00

Ratifican plus para fin de año

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El gobierno ratificó ayer al titular de la CGT, Hugo Moyano, que está dispuesto a considerar el otorgamiento de una compensación salarial antes de fin de año para la mayoría de los trabajadores, tal como anticipó Ámbito Financiero. Si bien no se habló de montos, sí hubo acuerdo en cuanto a que la suma por asignar sea variable en función de los distintos niveles salariales, señalaron tanto fuentes de la Casa Rosada como del sindicalismo. En principio, esta compensación no beneficiaría a los asalariados con los ingresos más altos.

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Moyano se llevó esta promesa tras reunirse ayer a la mañana con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en la Casa de Gobierno. En este ámbito generó comentarios que el líder gremial se reuniera con el titular de Interior, en lugar de hacerlo con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien venía siendo el interlocutor con el sindicalismo. Al respecto, fuentes oficiales dejaron trascender dos explicaciones.

La primera se refiere a que tanto el gremialismo como el gobierno coinciden en que hoy y como consecuencia de la crisis internacional, resulta muy difícil avanzar en la idea del pacto social, iniciativa que estaba siendo explorada por Massa.

  • Protagonismo

  • La segunda, y quizás la más importante, tiene que ver con lo que se considera una pérdida de protagonismo del jefe de Gabinete. En los pasillos oficiales se comenta que Néstor Kirchner y también la presidente Cristina Fernández estarían molestos con Massa porque consideran que el funcionario tuvo un excesivo protagonismo. Tanto es así, que habría llegado a provocar un profundo enojo al ex presidente cuando creyó entender que Massa se atribuía la autoría del proyecto de estatizar las AFJP.

    Desde que comenzó la crisis internacional, Hugo Moyano viene manteniendo distintas reuniones con dirigentes clave del sindicalismo. El objetivo: seguir de cerca y, en lo posible, anticipar conflictos laborales. «Sabemos que 2009 va a ser un año muy difícil», dijo el titular de la CGT a sus interlocutores.

    En dichos encuentros, Moyano recogió muchas preocupaciones por parte de los sindicalistas, que ya están viendo suspensiones y despidos, incluso antes de que termine el año.

    Otra de las quejas de algunos popes gremiales fue la creciente presencia de productos importados -entre ellos alimentosen las góndolas de los principales hipermercados.

    Sin embargo, Moyano les transmitió a los sindicalistas que el gobierno, según le aseguraron, va a seguir aplicando a rajatabla los mecanismos de prevención de crisis con que cuenta el Ministerio de Trabajo. En este sentido, un dato no menor para los empresarios es que la cartera laboral tarda, según explican voceros de este ministerio, hasta tres meses desde el momento en que la compañía afectada presenta el pedido de suspensiones o despidos hasta la aprobación final del trámite.

    A pesar de los lamentos sindicales, en el Ministerio de Trabajo hay sólo «dos pedidos de suspensiones, uno de la empresa Fate y otro de una compañía misionera», según señalaronen la cartera ante la consultade Ambito Financiero. Pese a los trascendidos, referidos a la posibilidad de reimplantar la doble indemnización para los despidos, fuentes sindicales señalaron que, al menos por ahora, no están solicitando esta medida, coincidiendo con lo señalado por Trabajo.

    Otro tema que estuvo presente en la reunión de Randazzo con Moyano fue el reclamo sindical por la falta de pago del gobierno a las obras sociales, así como el pedido de la suba de la cápita que hoy reciben. Los sindicalistas vienen quejándose al gobierno por el comportamiento de la ministra de Salud, Graciela Ocaña. «Ni siquiera nos contesta el teléfono», se quejan.

    En voz más baja, algunos sindicalistas consideran que Ocaña tiene demasiado juego propio, circunstancia que no sería ajena a la profusa información que habría recopilado sobre las actividades de uno de sus subordinados, Héctor Cappacioli, superintendente de Obras Sociales. Al respecto, recuerdan que más de una empresa de la salud -uno de los sectores más importantes en el financiamiento de las campañas políticas del kirchnerismo-se encuentra bajo la lupa por la supuesta comisión de delitos.

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