Finalmente, el Ministerio de Economía lanzó ayer su propuesta para compensar a las empresas por las ganancias ficticias que generó la inflación en sus balances. El mecanismo elegido, tal como adelantó este diario, es reducir la alícuota del tributo de 35% a 30% sólo para las sociedades y por única vez. Se eliminan, además, todos los mecanismos de ajuste por inflación. Esta medida será enviada hoy al Congreso y se espera que antes de diciembre esté ya reglamentada. Sin embargo, los empresarios y, fundamentalmente, los asesores contables que deben ahora hacer los ajustes tomaron esta decisión con desilusión. Afirman que reducir la alícuota del impuesto no soluciona el problema generado con la devaluación, ya que lo que se estaría gravando son ganancias ficticias, cualquiera sea el porcentaje de pago. Se estaría pagando así un impuesto menor, pero por algo que en realidad no existió. Inclusive, la medida fue calificada de «caprichosa», y algunos, además, auguraron que podría haber el próximo año algún tipo de rebelión fiscal vía presentaciones judiciales.
El gobierno confirmó que enviará hoy al Congreso un proyecto de ley para rebajar por única vez la tasa del Impuesto a las Ganancias de las empresas de 35 por ciento a 30 por ciento para compensar el efecto que tiene la inflación sobre los balances, tal como adelantó el viernes pasado este diario. Esta medida fue recibida con desagrado por las empresas, que esperaban que la solución al tema inflacionario fuera la aplicación de un régimen de ajuste similar al que regía hasta el comienzo de la convertibilidad. Para los empresarios, «aunque haya una reducción del impuesto, igual se estarían gravando ganancias inexistentes».
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El anuncio de la rebaja del tributo lo hicieron ayer el ministro de Economía, Roberto Lavagna; y el secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, quienes aseguraron que la medida «tiene carácter excepcional» y se aplicaría para los ejercicios cerrados entre el 31 de marzo pasado y el 28 de febrero de 2003. Lavagna consideró que el proyecto será rápidamente aprobado por el Poder Legislativo, ya que «no creo que en el Congreso se opongan a una baja de impuestos», además de aclarar que «se deroga el ajuste por inflación previsto en el artículo VI de las ley del impuesto» que en la actualidad se encuentra suspendido. Sarghini explicó que por esta rebaja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, el Estado no percibirá el año próximo 500 millones de pesos, que «ya estaba contemplado en el Proyecto de Presupuesto, lo que no teníamos definido era el método que íbamos a aplicar».
El secretario de Hacienda explicó que para tomar esta medida «se consultó a tributaristas, a distintos sectores empresariales, y se evaluó el impacto que podrían tener las diferentes formas de ajuste en un conjunto de 2.000 empresas, entre ellas, las más grandes».
Lavagna descartó el tradicional reajuste por inflación «porque era indexatorio, y lo que tenemos que lograr es una mayor estabilidad» ya que «la situación inflacionaria fue excepcional, pero no íbamos a aplicar la indexación. Sin embargo, reconocimos que era necesario computar en los balances» ese aumento nominal de las ganancias.
Ayer también desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que dirige Alberto Abad, se aclaró que no habrá prórrogas en los vencimientos de los pagos de Ganancias para las empresas, y que en todo caso se promocionará el plan de pagos de hasta tres cuotas para las empresas con dificultades financieras, o el régimen de asistencia financiera que les permite a los contribuyentes liquidar los tributos en hasta 12 pagos.
Para los responsables de las empresas que manejan la situación contable y sus auditorías, la noticia de la rebaja del Impuesto a las Ganancias generó cierta decepción. Según uno de los socios de una de las principales empresas de auditoría del país, que maneja las cuentas de varios de los mayores contribuyentes de la Argentina, el principal error de la decisión del gobierno radica en que «se reduce el impuesto cuando en realidad lo que hay son ganancias ficticias», con lo que «da lo mismo que el tributo sea de 35, 30 o 5 por ciento», ya que el problema es que «se pagará por algo que no existió». Según esta fuente, la medida es «caprichosa y no contempla los problemas reales». El asesor contable fue aún más directo y anticipó que podría haber algún tipo de «rebelión fiscal» y no descartó que se produzcan presentaciones judiciales en contra de la medida y a favor del retorno de los ajustes por inflación que ahora serán eliminados».
A priori, los sectores más perjudicados serán los que tengan depósitos blanqueados en dólares fuera del país, que pasarán a pagar ganancias por su conversión en pesos. Así, una empresa que tiene 1.000 dólares depositados fuera de la Argentina deberá tributar por 3.500 pesos (o la conversión del momento de cierre del balance), lo que implica una ganancia a priori ficticia de 2.500 pesos. La única ventaja es que en lugar de tributar 35 por ciento actual, pagaría 30 por ciento. El mismo cálculo vale para las empresas con inventarios dolarizados, incluyendo a las PyMEs con potencial exportador.
Menor exposición tendrían las grandes empresas, ya que la mayoría de éstas se encuentra endeudada en dólares, con lo que se descarta que tengan ganancias para declarar.
Economía anunció también que se impulsará «una medida para fomentar las inversiones» que consiste en un incremento de 50 por ciento de las amortizaciones previstas, cuando se trate de bienes muebles, excepto automóviles, para las inversiones realizadas entre el 1 de abril pasado y el 31 de marzo próximo.
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