Rechazó la Argentina reclamo por u$s 2.000 millones por Yacyretá

El gobierno argentino rechazó ayer el reclamo de la empresa que construyó la presa de Yacyretá de un pago de cerca de u$s 2.000 millones por facturas pendientes y obligaciones contraídas precisamente por la contratista desde que se inició la obra. Ese rechazo está contenido en la contestación de una demanda que hizo el director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni, en el juicio privado que se tramita ante un tribunal de árbitros designados por la Cámara Internacional de Comercio de París que aceptaron la empresa binacional y la contratista de la obra. Esta es Eriday (una joint de las empresas Dumez e Impregilo) que perteneció al grupo italiano Agnelli (Fiat) y que hoy es propiedad del ex canciller italiano Cesare de Romiti.

Este juicio es el más caro que enfrenta el Estado nacional después de la deuda pública defaulteada en 2002.

El centro de la respuesta al reclamo es la naturaleza de los gastos que se cuestionan por falta de pago y, principalmente, una impugnación del sistema de cálculo de intereses que pretende Eriday. La empresa presentó un cálculo basado en un sistema que se usó administrativamente para cierto tipo de adelantos que, de aplicarse a la totalidad del monto discutido, llevaría la tasa a un techo de 55%.

En 1998, la empresa había presentado un primer reclamo de u$s 1.000 millones por facturas de mayores costos, deudas y servicios impagos, que comenzó a negociarse entre la Argentina y Eriday, representada en ese momento por el estudio Henry Kissinger como «amigable componedor» (una figura prevista en el tratado original para resolver diferencias de este tipo).

•Arbitraje

Bajo la administración De la Rúa (siendo director ejecutivo Rafael Martínez Raymonda), el país acordó someter la cuestión, que terminó en una demanda menor, de u$s 1.000 millones, a un tribunal de «árbitros de derecho» que integran el embajador Julio Barberis (por la Argentina), el embajador Emilio Cárdenas (por la empresa) y el jurista colombiano Nicolás Gamboa, seleccionado por la Cámara de París como presidente.

Ese tribunal tiene sede en una escribanía de la Capital Federal donde, al mediodía de ayer, Sciavoni presentó la respuesta que niega cualquier tipo de reclamo y, en cambio, dice que la obra se pagó de más, por lo cual reclama a Eriday alrededor de u$s 200 millones. Además, dice que ese sobrepago le dio a la empresa una rentabilidad de 12%, superior al promedio internacional en el negocio de las obras públicas. Por esa razón, el escrito que firmaron, además de Schiavoni el director jurídico por la EBY Héctor Masnatta y su adjunto, el paraguayo Luis Fretes Escario, pide al tribunal que sancione a la contratista por demanda temeraria y maliciosa.

«Los propios balances de Eriday -dice un pasaje de la respuesta de la demanda que hizo la Argentina-evidencian una utilidad de más de 12%, con lo cual los pretendidos reclamos encubren una superutilidad, potenciada por la aplicación de intereses semestralmente capitalizados, lo que redunda en una suma exorbitante y un lucro desmedido en comparación con obras civiles similares en todo el mundo.»

En esos balances, afirma el escrito, surge que si se admitiese el reclamo, el valor a pagar por mayores costos (los u$s 1.000 millones, que llegarían a ser u$s 2.000 millones) duplicaría el precio original de la obra, que se contrató en u$s 1.429.605.728 a valores de febrero de 1980. En lo que se le pagó hasta ahora la empresa registra una utilidad de u$s 191.000.000. del total de lo pagado; hay además u$s 288.337.902 en concepto de intereses que la Argentina y Paraguay -propietarios de la obraentienden están mal calculados y podrían ser objeto de una contrademanda.

La empresa que hace el reclamo tiene ahora el derecho a responder a este rechazo que hizo la Argentina, que a su vez será objeto de una contrarrespuesta. A partir de allí, trabajarán los árbitros Barberis (por el ente binacional), Cárdenas (por la empresa) y Saldívar (presidente del tribunal), que se espera dictarán un laudo en el año 2006.

La defensa de la Argentina y Paraguay, sin embargo, hizo reserva de concurrir si el laudo no satisface a la Corte Suprema de Justicia, dado que entiende que las decisiones de los árbitros privados pueden ser revisadas por la Justicia. En respaldo de esa tesis, la defensa citó un expediente de actualidad: la sentencia de la Corte en el caso Meller, por el cual se pretende enjuiciar a algunos magistrados del Supremo porque le negaron a una de las partes la revisión judicial de una decisión de un árbitro.