Mientras avanza una reforma laboral criticada por recortar derechos, desde Fundar plantean una transformación ambiciosa que modernice el sistema sin resignar protección ni calidad del empleo.
Fundar es un centro de estudios y diseño de políticas públicas que promueve una agenda de
desarrollo sustentable e inclusivo para la Argentina.
En medio del debate por la media sanción de una reforma laboral cuestionada por amplios sectores sindicales y sociales por recortar derechos, surgen propuestas alternativas que plantean un camino distinto. Fundar sostiene que la Argentina necesita una transformación ambiciosa del régimen laboral, pero orientada a la inclusión y al crecimiento con empleo de calidad: una agenda que contemple los desafíos de la globalización y los cambios tecnológicos.
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A su vez, su propuesta alternativa, tiene en cuenta los costos que enfrentan las micro y pequeñas empresas pero, al mismo tiempo, busque que se amplíe derechos en lugar de erosionarlos. Según este enfoque, la discusión no debe centrarse en abaratar el trabajo, sino en modernizar las reglas para fortalecer la productividad sin resignar protección social.
En ese marco, desde Fundar sostienen que la reforma también debe avanzar en la institucionalización de procedimientos de crisis, -"como hicieron Alemania y España", que habiliten esquemas de flexibilidad laboral acotados en el tiempo y bajo monitoreo tripartito para empresas o sectores con problemas comprobados de reconversión o competitividad.
"En esta dimensión también proponemos simplificar las multas por trabajo no registrado y homogeneizar la base de cálculo de la indemnización por despido para otorgar previsibilidad, disminuir la litigiosidad y dar certidumbre a los costos empresarios", acotaron.
La entidad plantea además la necesidad de actualizar, en el marco del Diálogo Social, convenios colectivos cuyas categorías hayan quedado desfasadas por las nuevas formas de producción y prestación de servicios, especialmente en actividades atravesadas por la tecnología, como el transporte y las comunicaciones.
Finalmente, proponen crear un Consejo Tripartito Especial como instancia de coordinación intersectorial de la negociación colectiva, que "proporcione pautas generales, homogeneice costos —como la cuota solidaria y determinados aportes empresariales— y, en un escenario de inflación sostenidamente baja, permita acordar marcos comunes para la extensión, reapertura de convenios y pautas salariales generales en acuerdos sociales de estabilización".
Dimensión para los empleadores
Régimen de aportes, contribuciones y ART para micro y pequeñas empresas que integre y simplifique el sistema a partir de los siguientes criterios. Alguno de los cambios implican, derogar el piso mínimo no imponible por trabajador y el porcentaje de crédito fiscal sobre IVA sobre la base de la localización del establecimiento productivo. Además, se establece un criterio de progresividad que otorgue beneficios mayores a las empresas de la base (micro y pequeñas), con la expectativa de promover una mayor formalización de la dotación existente, en línea con los principios de la Ley 26940. Por otra parte, se considerará una sobrecompensación del costo fiscal. Por último, se propone establecer topes a las alícuotas para las microempresas, con una mayor desagregación por actividad, y eximición del componente para fondos de enfermedades profesionales, hasta ahora determinados por la Resolución 38064/2013 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Procedimiento de crisis y flexibilidad laboral controlada: Sistema de Estabilización del Empleo y la Producción (SEEPRO). Integrará los mecanismos existentes con sus respectivos instrumentos de estabilización. El objetivo de esta instancia es evitar el agravamiento de las crisis o prevenirlas, con el foco puesto en el salvataje de la empresa y la protección del empleo. El SEEPRO permitirá la suspensión o la flexibilidad de los contratos laborales y los convenios colectivos ante determinadas circunstancias críticas, por un plazo de tiempo determinado, con contenidos específicos, participación sindical en la toma de decisiones y la coordinación del Estado y los empresarios.
Actualización de convenios colectivos: programa de actualización sectorial de los contenidos de la negociación colectiva. Tendrá por objetivo revisar integralmente los contenidos de los convenios colectivos. El Estado abrirá el programa con sanción legislativa y será obligatorio para los sectores, empresarios y sindicatos, seleccionados por etapas para participar en la negociación. El Estado mediará entre las partes, pero no podrá imponer los contenidos de la negociación.
Simplificación de multas por trabajo no registrado, fiscalización laboral y costos de despido: plataforma permanente de fiscalización y asistencia técnica de las relaciones laborales. "La eliminación a secas de las multas podría llevar a un incremento de las contrataciones laborales no registradas y, por tanto, a un aumento de la litigiosidad debido a la indeterminación de las sanciones", especificaron desde Fundar. Por el contrario, la simplificación del régimen —combinando las indemnizaciones debidas a los trabajadores contratados de forma no registrada con las multas perseguidas por la autoridad administrativa— puede contribuir a reducir la incursión en estas prácticas ilícitas, agregaron.
Coordinación intersectorial de la negociación colectiva: Consejo Económico y Social (CES) y Consejo de Políticas de Ingresos y Laborales (COPyL).Esta propuesta prevé que, para consolidar la coordinación salarial, una vez establecido el sendero de precios, se busca avanzar juntamente en la institucionalización del ámbito de coordinación, conformado por el Estado, las confederaciones empresarias y sindicales nacionales, y los 10 actores empresariales y sindicales más grandes y representativos (más de 100.000 trabajadores).
Mejoras para los empleados
Actualización del régimen de jornada y descansos semanales: reducción de la jornada de trabajo para la distribución del tiempo y los ingresos. Se propone proponemos un sistema de reducción de la jornada máxima legal de 48 a 42 horas semanales. La reducción se efectuará de manera escalonada y protegida durante ocho años, a razón de tres horas de reducción cada cuatro años y con un acompañamiento a las empresas más afectadas, de manera que las empresas que primero deban adecuarse sean las más acompañadas.
Fortalecimiento institucional del salario mínimo: aumento del salario y fortalecimiento institucional de la determinación colectiva de los ingresos. Al respecto, desde Fundar establecieron: "El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) debe volver a ser el parámetro distributivo de los ingresos de los trabajadores e influir directamente sobre los salarios básicos de los convenios colectivos e indirectamente sobre los salarios informales. El SMVM dejó de ser un determinante en la política distributiva, ya que está institucionalmente anclado en tres sentidos: la ralentización de sus incrementos en la última década, el debilitamiento de la institución que lo determina y su anclaje a programas sociales, entre otros instrumentos".
Soberanía del tiempo de trabajo: nuevos derechos laborales, ampliación de licencias y descansos elegibles. La propuesta plantea ampliar y modernizar los derechos laborales vinculados al cuidado y la organización del tiempo de trabajo. Incluye la extensión de las licencias parentales —con al menos un mes para personas no gestantes y hasta cuatro meses para gestantes y adoptantes, además de esquemas compartidos por hogar—, mayor autonomía en la distribución de la jornada mediante horas elegibles y límites al uso de bancos de horas, y la posibilidad de reorganizar horarios por responsabilidades de cuidado en todos los contratos laborales. También propone que vacaciones y descansos puedan ser solicitados por el trabajador, con obligación del empleador de fundamentar su negativa, y la extensión del derecho a la desconexión digital a todas las relaciones laborales.
Tercerización laboral: reglas para la descentralización productiva y la prevención de la subcontratación fraudulenta. En este caso se plantea, actualizar la regulación de las tercerizaciones para diferenciar claramente las prácticas lícitas de descentralización productiva de aquellas fraudulentas, mediante una tipología que distinga entre actividad principal o secundaria, e interna o externa. Entre las medidas sugeridas se incluyen la responsabilidad solidaria de la empresa principal por los trabajadores de la contratista, la equiparación de los subcontratados que realizan la actividad principal bajo el mismo convenio colectivo y condiciones de salud y seguridad, con sistemas de control específicos, y la garantía de estándares mínimos de protección —incluida la finalización del vínculo contractual— para quienes se desempeñan en actividades secundarias.
Regulación del trabajo en plataformas digitales: un estatuto de libertad y derechos. Se impulsa impulsa la creación de un Estatuto de Trabajadores de Plataformas con enfoque protector, basado en los estándares laborales clásicos pero adaptado a las particularidades de la gestión algorítmica. Sostiene que la negociación colectiva y la Ley de Contrato de Trabajo resultan insuficientes para regular estas actividades, ya que no contemplan especificidades sectoriales ni límites claros al poder de dirección digital. En línea con antecedentes del derecho laboral argentino —como los estatutos de periodistas, trabajadores agrarios y personal de casas particulares—, se plantea un estatuto que no excluya a estos trabajadores de la LCT, sino que la complemente con una regulación específica y más adecuada a la actividad.
Seguridad en el trabajo: Comisiones Mixtas de Salud y Seguridad. Su objetivo principal es aprovechar el conocimiento de los trabajadores y empleadores sobre los riesgos laborales para diseñar estrategias efectivas de prevención. Además, se evidencia que la existencia de estos comités mejora el acceso a servicios de medicina laboral, la realización de evaluaciones de riesgos y la disponibilidad de equipos de protección personal (CETyD, 2022). En el caso de Santa Fe, los comités contribuyeron a reducir accidentes laborales, mejorar el diálogo entre empleadores y trabajadores, y aumentar la conciencia sobre seguridad y salud en el trabajo.
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