Repsol ultima detalles de su avanzada judicial contra la Argentina por la expropiación de YPF

Antonio Brufau

Los abogados de la petrolera española Repsol ultiman los detalles para poner en marcha cuando antes la avanzada judicial contra la Argentina para conseguir el pago de "un precio justo" por la empresa YPF, expropiada por el Gobierno este mes.

Los prestigiosos servicios jurídicos de la compañía española contratados en Madrid, Nueva york y Buenos Aires se preparan para poner en marcha su ofensiva legal, en la que también reclamarán "indemnizaciones adicionales".

El Congreso aprobó el jueves por amplia mayoría el proyecto kirchnerista de ley que autorizó la expropiación del 51 por ciento de las acciones totales de YPF Sociedad Anónima, que estaban en manos del grupo ibérico.

Según informa el diario español El Mundo, Repsol denunciará a la Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.

En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal.

Argentina, con 49 reclamos, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones internacionales.

El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.

Para Repsol, el precio justo por su 57 por ciento de YPF asciende a 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros), si bien el Gobierno sugirió que no pagará esta cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera, daños ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.

Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamos.

En el primero de ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.

Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses.

En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.