Caracas (ANSA) - El director legal de la empresa Coca-Cola FEMSA en Venezuela, Rodrigo Anzola, pidió ayer al gobierno de Hugo Chávez que intervenga ante el «secuestro» de 13 instalaciones de la compañía por parte de ex concesionarios y ex fleteros de la empresa, que exigen el pago de deudas que se remontan a la década del 70.
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Anzola explicó en rueda de prensa que desde el 5 de febrero se han realizado 12 tomas de instalaciones de la compañía estadounidense en varias regiones del país y una a la embotelladora ubicada en Maracaibo, estado de Zulia.
El representante legal solicitó a los ministerios de Interior y Defensa que ayuden a la transnacional «a recuperar sus instalaciones y a que se respete el derecho a la propiedad privada».
El director legal de Coca-Cola también denunció que «es grave» que el sector privado deba cancelar dichas deudas que «por ley no corresponden», ya que «traería consecuencias negativas para la economía de Venezuela».
Anzola advirtió que si una compañía privada «paga lo que legalmente no es debido, traerá una onda expansiva a la economía del país». Asimismo, comentó que han recibido amenazas y «rumores» que hacen pensar que los bloqueos continuarán en los próximos días, lo que pondría en riesgo a los empleos de más de ocho mil trabajadores de la empresa.
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