Rige plan aguinaldo para los sindicatos

El líder camionero Hugo Moyano y sus adláteres de la central obrera presionaron y así consiguieron del gobierno un jubileo por las deudas fiscales de las obras sociales, bonus y aguinaldo de fin de año. Aproximadamente, los pasivos con la AFIP suman $ 500 millones, que podrán pagar hasta en 15 años. Desde el miércoles y hasta fines de abril se abre el registro para quienes quieran adherirse al plan de facilidades de pago, que también incluye a prestadores privados. Así, el gobierno cede ante cada exigencia de sus aliados sindicales, que igual prometen complicar las paritarias en medio de la lucha por dominar la CGT.

Alberto Abad

A partir del 2 de enero tanto las obras sociales sindicales como los prestadores privados de salud podrán acceder al amplio plan de facilidades de pago que le permitirá a la AFIP recuperar unos $ 1.200 millones por impuestos adeudados ($ 500 millones de obras sociales sindicales y el resto de prestadores privados).

El plan incluye un plazo de pago máximo de 15 años o 180 cuotas, a una tasa fija de 6% anual, con amortización escalonada del capital y un pago mínimo mensual de $ 50.

Esta reestructuración de deuda, cuyo 70% alcanza a deudas previsionales y 30% a otros impuestos, está previsto en la Ley 26.283 aprobada por el Congreso el 6 de setiembre pasado.

Además de obras sociales, el plan incluye a prestadores médicos asistenciales públicos y privados, geriátricos, psiquiátricos, laboratorios y servicios de emergencia médica.

El titular de la AFIP, Alberto Abad, había justificado las amplias facilidades de refinanciación en que «es un sector que atiende la salud de la población y justifica un tratamiento especial». Abad señaló que el sector «tiene mano de obra intensiva, utiliza insumos importados y fue una de los más castigados por la devaluación».

Por este plan se pueden refinanciar deudas impositivas, de la seguridad social y aduaneras impagas, devengadas al 30 de setiembre último.

Para acceder a este programa, todos los prestadores deberán inscribirse en un registro que administrará la Superintendencia de Servicios de Salud. Los sindicados y prestadores privados tienen tiempo desde el 2 de enero hasta el 30 de abril, para anotarse en el plan de financiación. Por este plan, en una refinanciación máxima de 180 cuotas para deudas de $ 100.000, se comenzarán pagando $ 168 y $ 1.586 en la última cuota. Quienes adeuden $ 500.000 y opten por el mismo plan, empezarán pagando una primera cuota de $ 840 y terminarán con una de $ 7.927.

La forma de pago se podrá realizar a través de débito en cuentas bancarias o de una cuenta bancaria fiscal gratuita que otorga la AFIP, organismo que -en el caso de los sindicatos- descontará directamente el pago de la cuota de la recaudación de aportes a la obra social. La AFIP informó que la adhesión al plan se puederealizar a través de su página de Internet y que quienes adhieran tendrán una segunda oportunidad de cancelación de la cuota a los 10 días del vencimiento y una rehabilitación refinanciando el saldo impago.

En tanto, las entidades que adhieran al plan y dejen de pagar serán denunciadas a la Superintendencia de Salud y no podrán continuar ejerciendo como prestadores médicos. A partir del 1 de mayo próximo, la AFIP quedará habilitada, al anularse la emergencia sanitaria por ley, para iniciar ejecuciones judiciales del pago de impuestos adeudados de los prestadores que no adhieran al plan.

Por su parte el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, embistió contra las prepagas al advertir que de no establecerse una norma que determine qué tratamientos deben cubrir estas empresas el sistema de prestaciones médicas podría «colapsar» y producir cortes en los servicios. El funcionario consideró que, a menos que se asigne mayor parte de los fondos de las compañías a la atención primaria, será imposible mantener las prestaciones ante la incorporación de nuevas tecnologías cada vez más caras, por lo que indicó que una ley debe disponer qué enfermedades deben ser tratadas y cuáles no. «Nos gustaría y es una materia pendiente que el legislativo. nos ayude a tener normas más claras con la incorporación de nuevos tratamientos que, por las características y los costos que tienen, pueden tender a desestabilizar un sistema que está saliendo de una crisis», dijo Capaccioli. De no sancionarse una ley que contemple esto, « dejaríamos que recaiga todo el tema de la prestación médico asistencial en el salario diferido del trabajador», cuando «está comprobado a nivel mundial que eso sólo no alcanza. Alcanza a nivel primario», aseguró. Además afirmó que el sistema «se está judicializando», ya que la Justicia, a través de amparos, determina cuáles son las prestaciones que corresponden o no cubrir, como sucedió hace semanas con una joven pareja que no podía concebir, cuando un juzgado obligó a una prepaga a cubrir la fertilización in vitro.