Entre hoy y mañana, entrarían en vigencia los aumentos de las tarifas del gas (7,2% promedio) y de electricidad (9%). El decreto lo firmó Eduardo Duhalde anoche y regirá apenas se publique en el Boletín Oficial, lo que podría suceder en las próximas horas. Sin embargo, el gobierno sabe que los aumentos no perdurarán más de 72 horas, porque se espera que una medida cautelar de la Justicia los frene.
Eduardo Duhalde firmó anoche el decreto por medio del cual se autoriza el aumento en las tarifas de servicios públicos de gas y energía eléctrica. La decisión, con anexos y cuadros tarifarios de acuerdo a los distintos usos y consumos, sólo hizo referencia a los nuevos precios para cada sector, evitando poner en cada caso los diferentes porcentajes de aumento. De todas maneras, las subas son de orden de 7,2% para el gas y de 9% para la energía eléctrica.
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El decreto consta de 25 hojas, aunque solamente son cinco artículos en los cuales se aclara que los aumentos comienzan a regir desde la publicación en el Boletín Oficial lo que sucedería hoy mismo. De todas maneras ayer en las empresas privatizadas y hasta en el mismo gobierno se consideraba muy probable que una medida cautelar de la Justicia frene la aplicación de estos aumentos. Voceros del ombusdman de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, señalaron ayer que el decreto será estudiado y que esperaban que llegado el caso la Justicia repetiría los fallos anteriores. Para Duhalde, es cumplir con su objetivo: queda posicionado como que intentó subir tarifas, cumple con el Fondo Monetario y deja al mismo tiempo esta pesada carga para quien lo suceda.
El nuevo decreto -que lleva el número 146- generó resistencia en algunos ámbitos de la Casa de Gobierno para su firma, está rubricado además por Atanasof y el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Sin embargo la suba fue considerada mínima por el FMI y las empresas incluidas, que reclamó mayores alzas dentro de un futuro inmediato.
La disposición de Duhalde busca que no se vean afectados los usuarios de menores recursos. En el caso de la luz, la estrategia de Duhalde y el ministro Lavagna no es la más adecuada: mantienen sin variación de precios a los que tienen bajo consumo, olvidando que los sectores más pobres, al no tener suministro de agua, consumen más electricidad por la utilización de bombas. En su artículo primero, la norma puntualiza que los incrementos se autorizan «en forma transitoria y hasta tanto concluya el proceso de renegociación de contratos» con las empresas de servicios públicos. Es una estrategia para evitar que la Justicia frene el decreto.
El artículo 2 establece que «las tarifas readecuadas quedan comprendidas en el Proceso de Renegociación dispuesto por la Ley 25.561 y deberán ser tomadas en consideración al momento de finalización de dicho proceso» de actualización de las tarifas de servicios públicos. Los otros tres artículos dispositivos son de forma.
En los fundamentos de la norma se establece que los derechos de los consumidores y usuarios «se verían seriamente afectados de no reconocerse dentro del marco de la renegociación contractual prevista por la Ley 25.561 -de Emergencia Económica- un incremento tarifario de índole transitoria a efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos en condiciones de seguridad y confiabilidad». Otro párrafo de los fundamentos recuerda que «distintos concesionarios de servicios públicos han planteado la necesidad de adecuar las tarifas de los servicios a su cargo a efectos de mantener su prestación en niveles adecuados e calidad y seguridad».
«El precio de los servicios públicos debe cubrir razonablemente los costos económicos del concesionario, sin perder de vista el interés de los usuarios a un mejor servicio al menor precio y el del concesionario, que se verifica en su ánimo de lucro», se agrega.
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