Se abrió una fuerte polémica entre el gobierno y el Correo

Henoch Aguiar y Francisco Macri

Luego de haber fracasado el proyecto del grupo Macri de vender sus acciones en el Correo Argentino al grupo Exxel, dueño a su vez de OCA, la empresa concesionaria se apresta ahora a dar pelea para que el nuevo reglamento de la actividad postal contemple los derechos que, en su interpretación, le garantizan el pliego de licitación de Encotesa y el contrato de concesión.

Según trascendió ayer, con fecha 7 de este mes, el Correo Argentino presentó un fuerte cuestionamiento al proyecto de reglamento, elaborado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. Cuando termine la recepción de respuestas, la CNC, en primer lugar, y el secretario del área, Henoch Aguiar, posteriormente, deben considerar e incluir o no las opiniones del Correo, de los demás prestadores, del defensor del pueblo y de otras entidades consultadas. Ahí se determinaría el proyecto definitivo a elevar al ministro de Economía, del que depende Comunicaciones, quien también puede introducir modificaciones, para pasar luego a revisión de la Comisión Bicameral del Parlamento, la SIGEN y la Procuración del Tesoro.

Solución

Esto anticipa un trámite que no será rápido, entendiéndose que en todos los niveles, el Correo Argentino, y su socio mayoritario, el grupo SOCMA, intentarán modificar el proyecto que ahora está en debate.

En principio, el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, sostuvo, en declaraciones a este diario, que el proyecto «es un esquema sano para un mercado abierto». Admitió que hace falta encontrar una solución al problema del Correo Argentino «que está en una situación difícil desde hace tres años, pero la solución no puede pasar por recortar las libertades del mercado postal».

Aguiar también afirmó que llegó el momento de encontrar «una fórmula que permita al Correo Argentino seguir adelante, en primer lugar para preservar la fuente de trabajo», y que «esa solución debe contemplar el interés general». Afirmó también que el reglamento «da respuesta» a los planteos del concesionario sobre las exclusividades que le corresponden, en referencia a que sólo le reconoce la exclusividad para emitir sellos postales, uno de los aspectos más discutidos por el Correo.

Según la respuesta de la empresa a la consulta pública, «el proyecto no considera que del pliego y del contrato de concesión surge la existencia de dos tipos de prestaciones: las que son exclusivas del concesionario, y las que se encuentran abiertas a la competencia». Asimismo, insiste en que el documento «no tiene en cuenta que se comprometió a asegurar las condiciones competitivas que le posibilitasen al concesionario participar en el mercado postal en igualdad de condiciones operativas». Recuerda que «hasta la fecha se mantienen las asimetrías laborales y sindicales que impiden el funcionamiento de un mercado postal competitivo».

Según el Correo, el proyecto facilita la desigualdad entre el concesionario y los demás prestadores, en tanto éstos «podrán elegir en qué área desarrollar su actividad y obviamente lo harán en las zonas de mayor concentración de población, donde obtengan mayores beneficios», mientras el concesionario «debe brindar el servicio en forma obligatoria, sin tener en cuenta que con esa Henoch Aguiar y Francisco Macri. prestación obtenga o no rentabilidad».

En opinión del concesionario, el reglamento en debate «contradice la exclusividad en la prestación del servicio obligatorio de comunicaciones fehacientes, que incluye los telegramas y cartas documento, que es consecuencia directa de la delegación exclusiva del carácter de federatario del Estado nacional al concesionario del Correo oficial».

Afirma además que el proyecto «omite que son servicios obligatorios dentro de la concesión: el servicio electoral, el servicio telegráfico, las encomiendas y los servicios gratuitos de cecograma».

Criterio

Según la presentación del concesionario, representado por el ex ministro Roberto Dromi, «el contrato estableció el criterio de continuidad del Correo Argentino respecto de Encotesa, habiendo sucedido el concesionario al Estado en todos los derechos y obligaciones que éste tenía, y por lo tanto resulta el único facultado para prestar el servicio de comunicaciones fehacientes». De acuerdo con esta opinión, el Correo también tiene la exclusividad en la prestación del servicio de telegramas, en tanto esta actividad no fue alcanzada por la desregulación de 1993.

Según la presentación empresaria, «el mecanismo de redespacho posibilita que empresas de escasa infraestructura participen de esta actividad» y que «ello redunda en perjuicio del concesionario, gene-rando una nueva desigualdad, en tanto el concesionario posee una estructura compleja con altos costos operativos, y no puede efectuar redespacho».

Desigualdad

También se objeta que no se establezcan obligaciones de presencia mínima en el área de cobertura de los prestadores, ni sobre los servicios mínimos que deben prestar ni sobre la red de oficinas de atención al público.

Asimismo, considera otra desigualdad que el concesionario debe abonar en concepto de canon un importe por semestre adelantado de 51,6 millones (suma que según la empresa equivale a 20% de la facturación actual pero que fue la que le permitió ganar la licitación) mientras el resto de los prestadores deberá pagar una tasa por semestre vencido equivalente a 1% de la facturación o 2000 pesos como mínimo.